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“La Transición no ha terminado” Vicenç Navarro al diari PUBLICO, 18 de novembre de 2010

Aquest article critica les tesis presents en el recent documental de TVE sobre el reconeixement de les víctimes del que el documental defineix com els dos bàndols de la Guerra Civil i que semblen ser sostingudes pel govern espanyol i pel major partit de l’oposició. Aquestes tesis són que la Llei aprovada per les Corts (coneguda com de la Memòria Històrica) hauria de tancar les ferides dels dos bàndols, reconeixent per igual als vencedors i els vençuts, amb limitacions pel que fa al reconeixement d’aquests últims perquè tal llei o qualsevol altra no podien anul·lar els judicis dels vençuts que els van condemnar a mort per ser l’estat actual continuista de l’estat anterior. L’article critica aquestes tesis indicant que l’equivalència en el reconeixement de les víctimes és un indicador d’insensibilitat democràtica, i que el continuisme en l’estat és un obstacle per al seu ple desenvolupament democràtic.

En un documental emitido por Televisión Española (TVE), Tengo una pregunta para mí: ¿vivimos en deuda con el pasado?, se presenta un punto de vista sobre cómo abordar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil que, creo, refleja la postura del Gobierno socialista y del mayor partido de la oposición sobre este tema.

En una entrevista a José Álvarez Junco, miembro de la comisión nombrada por la oficina de la Presidencia del Gobierno español encargada de preparar el borrador de la Ley de la Memoria Histórica, este señala dos puntos que resumen esta visión. Uno es la instrucción que tal comisión recibió de la oficina de la Presidencia del Gobierno socialista español de que la ley (una ley que Álvarez Junco aclara que no era de recuperación de la memoria histórica sino de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil) tenía como objetivo “cerrar las heridas” de lo que el documental y Álvarez Junco definen como los dos bandos de la Guerra Civil. La ley tenía que satisfacer a los sucesores de los dos bandos. Puesto que la gran mayoría de los asesinados y desaparecidos pertenecían al bando republicano, y los que hubo del lado golpista no hubieran existido si no hubiera habido el golpe militar, tengo que admitir que me sorprende la instrucción recibida de que los sucesores del bando de los golpistas debieran también estar satisfechos con la ley. No hubo dos bandos, sino defensores de un Estado republicano con un gobierno democráticamente elegido y los golpistas, criminales que violaron brutalmente el Estado constitucional establecido democráticamente, que no hubieran vencido si no hubieran recibido ayuda militar de Hitler y Mussolini, que sobrepasó, y de mucho, el equipamiento militar de la República. Fue consecuencia del enorme apoyo popular a la República que, a pesar del enorme desequilibrio militar, el golpe no triunfó hasta tres años más tarde. Poner a los vencedores a la misma altura que los vencidos indica una enorme insensibilidad democrática.
Los que lucharon por la democracia eran los buenos. Y los golpistas eran los malos. Desechar esta categorización, tachándola de maniquea (como constantemente hacen los sucesores de los vencedores), es diluir sus responsabilidades en lo acaecido. El hecho de que los buenos hicieran también actos injustos no niega su superioridad moral, como tampoco el bombardeo de ciudades como Dresde por parte de las tropas aliadas (bombardeo que debe denunciarse) niega la superioridad moral de los vencedores en la II Guerra Mundial sobre el nazismo y el fascismo. En países europeos que sufrieron el nazismo o el fascismo no existe esta equidistancia en el reconocimiento de los muertos. Miles de poblaciones de la Francia democrática, por ejemplo, tienen un monumento a los muertos en la resistencia antinazi, sin tener a su lado los muertos entre las tropas de Vichy. Un tanto igual ocurre en Italia y en Alemania (donde cualquier homenaje o reconocimiento a los nazis está prohibido). En España, sin embargo, se instruye que se reconozca públicamente a las víctimas de los dos bandos.

Tal equidistancia, además de errónea, tiene unos enormes costes políticos, que quedan reflejados en la segunda observación que hace Álvarez Junco. La instrucción recibida de la oficina de la Presidencia era la de aceptar limitaciones en el reconocimiento de las víctimas, pues el Estado actual era continuista del anterior, basado inicialmente en un golpe militar. De ahí que el Estado actual no podía anular, por ejemplo, juicios de aquel Estado en contra de las víctimas del golpe militar juzgadas en tribunales de aquel Estado dictatorial. Aclara Álvarez Junco que el Estado resultado de la Transición no era una rotura con el anterior (como algunos de sus protagonistas lo han presentado), sino uno continuista. De ahí las resistencias a anular aquellos juicios e iniciar enjuiciamientos sobre responsables de aquellos crímenes y asesinatos.

Por otra parte, Santos Julià, otra persona entrevistada en el documental de TVE, considera que la amnistía fue un gran acto de madurez de la sociedad española, confundiendo madurez con debilidad de las izquierdas. Un motor del cambio fue la agitación social procedente en su mayoría de la clase trabajadora (España fue el país europeo con más huelgas desde 1974 a 1978). Pero, aun cuando la dictadura murió en la calle, la Transición se hizo bajo el dominio de la nomenclatura del régimen anterior. Fue más la abertura de aquel Estado a los partidos de izquierda –tal como Álvarez Junco reconoce– que una rotura con el Estado anterior. Ni que decir tiene que la aceptación de la soberanía popular fue un paso de enorme importancia, pero la expresión de esta soberanía (desde la Ley Electoral hasta la composición de los aparatos del Estado) lleva claramente la marca de aquel dominio. El hecho bochornoso de que el Tribunal Supremo quiera enjuiciar –a propuesta del partido fascista– al único juez que se atrevió a intentar llevar a los tribunales a los responsables de los desaparecidos es una muestra de ello.
La Transición se basó en una enorme injusticia. Javier Pradera, que es también entrevistado, reconoce este hecho cuando subraya que, para conseguir la paz, hay que aceptar las injusticias que se han hecho a los vencidos. Pero Javier Pradera no se pregunta ¿a qué precio? Se refiere a EEUU y a Francia, que han sufrido guerras civiles y cuyas sociedades han aprendido a convivir con ellas. Pero, por lo visto, ignora que en aquellas guerras los buenos ganaron y en la nuestra perdieron. Y su debilidad explica los silencios sobre nuestro pasado. Por razones de salud democrática, se exige que la versión histórica de los vencidos sea la que domine y que el Estado se considere continuador del Estado democrático republicano. Hasta que ello ocurra, la Transición no habrá terminado.

Vegeu l’article en PDF

“Los vencidos tienen distinta memoria histórica que los vencedores”, per Vicenç Navarro

Article publicat per Vicenç Navarro al diari digital EL PLURAL, 5 juliol 2010

Aquest article qüestiona alguns dels supòsits que sostenen la imatge de la Transició com modèlica. Assenyala que l’oposició a recuperar la memòria històrica es deu a l’enorme domini que els vencedors del conflicte civil (1936-1939) i els seus descendents (independentment del color polític en què es trobin) tenen sobre els aparells de l’estat, que promouen la percepció de equidistància en el desenvolupament d’atrocitats suposadament realitzades per ambdós bàndols. Han estat els vencedors i els seus descendents els que han volgut promoure la imatge que la Transició va ser modèlica, basada –segons ells– en la reconciliació. L’article conclou que milions de vençuts i els seus descendents no s’han reconciliat amb els vencedors i els seus descendents, la majoria dels quals no han admès la responsabilitat dels seus antecessors en els horrors d’aquell règim feixista.

No existe pleno conocimiento en grandes sectores de la población española de las atrocidades cometidas por el golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. Sólo los vencidos y sus descendientes conocieron en carne propia los fusilamientos, los encarcelamientos, las torturas, el exilio y sobre todo, la constante humillación con la que el régimen establecido por el golpe militar de 1936 intentó la destrucción psicológica del bando vencido, presentándolo como un bando antiespañol, criminal y asesino, perteneciente a una raza y/o cultura inferior (ver mi artículo El racismo del nacional-catolicismo, Público, 14.01.10). Y lo que es incluso más doloroso es que los vencidos no podían defenderse ni siquiera frente a sus hijos, pues hablar con ellos y transmitirles este conocimiento era ponerlos en peligro. Los vencidos y sus descendientes sufrieron una humillación y un terror constante que nunca experimentaron los hijos de los vencedores. Y la expresión más clara de ello es lo que ha ocurrido con las más de 150.000 personas asesinadas (cuyos cuerpos han desaparecido) y sus familiares. Hasta hace poco estaban prácticamente olvidados y abandonados, treinta y dos años después de haber terminado la dictadura. […]
Tales horribles experiencias no las conocen los descendientes de los vencedores.

Podeu accedir al text complet al següent enllaç.

La resistencia a conocer el pasado

Article publicat per Vicenç Navarro, economista, catedràtic de Ciències Polítiques i exiliat, al diari PÚBLICO, 29 d’abril de 2010

Aquest article respon a algunes de les crítiques fetes predominantment per les dretes (i també per intel·lectuals coneguts pel seu antiesquerrisme) a les mobilitzacions progressistes que estan havent-hi a Espanya en protesta del enjudiciament del Jutge Garzón per les seves investigacions dels crims realitzats pel feixisme.

Un argumento utilizado por el PP –que evidencia una carencia de sensibilidad democrática– es el de acusar a tales manifestaciones de ser “antidemocráticas”, pues presentan las críticas y presiones al Tribunal Supremo como comportamientos que no respetan las reglas democráticas. Tal argumento desconoce que el poder de cualquier parte del Estado deriva de la soberanía popular y, como tal, puede ser sujeto de crítica y presión por parte de la ciudadanía. Tal acusación de antidemocrática tiene también un componente elevado de incoherencia, pues la dirección de aquel partido nunca ha criticado a la Iglesia católica por amenazar con la excomunión a los jueces que aplicasen la Ley del Aborto, amenaza que representa el máximo grado de presión e interferencia en una judicatura en la que la mayoría de sus miembros son católicos.

Podeu llegir l’article al seu web.

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