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Garzón denuncia al Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos por su causa del franquismo

CRISTINA ÓNEGA – MADRID 25.03.2011 – 09:57h

El juez Baltasar Garzón ha denunciado al Tribunal Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el proceso abierto contra él por el Alto Tribunal por un supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

En la demanda del magistrado, se expone que el Supremo ataca o perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y, por lo tanto, al Estado de Derecho, al dejar indefensas a las víctimas.

Garzón ha presentado la denuncia a través de Interights, una organización especializada en litigio internacional de casos de derechos humanos con sede en Londres. El Partido Popular ha calificado esta decisión del juez como una “garzonada” más.

El magistrado está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo por su investigación sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y posterior dictadura.

Actualmente está a la espera de juicio por un delito de prevaricación que, según la legislación española, permite procesar a jueces por emitir resoluciones injustas.

Según ha informado Interights en una nota, Garzón cree que su procesamiento es una “amenaza para la independencia de los jueces” y para su función de investigar la responsabilidad por crímenes sistemáticos y generalizados.

También alega que es una amenaza para la protección de las víctimas en su derecho a la justicia, la verdad y la reparación.

“España viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos”

En su denuncia del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el juez Baltasar Garzón alega que el caso penal abierto contra él en España viola varias de las obligaciones del país según el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según el comunicado de Interights, entre estas obligaciones está la de proteger la independencia judicial y la de proteger a los individuos de procedimientos penales sin fundamento.

En concreto, el procedimiento de Baltasar Garzón “pone de manifiesto las violaciones de la obligación de no someter a los individuos a procesos penales injustos per se”, de “someter a las personas a procesos solo sobre la base de normas penales claras y estrictamente aplicadas” y de “respetar la vida personal y el desarrollo profesional de los individuos y sus derechos a expresar opiniones judiciales”.

Una “clara amenaza” a la independencia judicial

Según expone Interights, el procedimiento de Baltasar Garzón por la causa del franquismo es un “enjuiciamiento injustificable de un juez por veredictos razonados de forma cuidadosa, y como respuesta a su intento de impartir justicia a las víctimas de las atrocidades del franquismo”.

En su demanda contra el Supremo en el Tribunal de Estrasburgo, Baltasar Garzón alega que su procesamiento “tiene múltiples repercusiones y representa una clara amenaza a la independencia judicial y a la función de los jueces a la hora de garantizar la responsabilidad por supuestos crímenes sistemáticos y generalizados”.

Font: rtve.es

Segueix tota la informació al respecte al Twitter de Cristina Ónega.

“Un juicio al Tribunal Supremo” Carlos Jiménez Villarejo a El País, 23 de febrer de 2011

Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la justicia argentina acerca de “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y el secuestro de niños.

Este organismo ya ha errado al impedir investigar los crímenes de Franco y procesar en su lugar a Garzón

El TS deniega justicia y quebranta el derecho internacional

El TS debe saber que cuando inicie el juicio al juez Garzón, la conducta del propio TS también será sometida a juicio por los ciudadanos y la sociedad democrática. El pueblo le exigirá que obre con auténtica independencia -al margen de cualquier forma de jerarquización y corporativismo-, con imparcialidad -ya puesta en duda por uno de los jueces de propio Tribunal-, con buena fe, con fiabilidad y con acierto; porque todo ello está en duda desde que en abril de 2009 comenzó el proceso. Y de modo acorde con la Constitución y los valores democráticos, lo que en este caso representa, frente a lo que no han hecho hasta ahora, la rigurosa aplicación de los tratados internacionales respecto de los Crímenes contra la Humanidad.

El TS debe saber que estará bajo la mirada muda, doliente y desesperanzada de los familiares de las víctimas de la dictadura y de estas mismas. La mirada, entre otras, de los familiares de las 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, murieron, la mayor parte de ellas fusiladas, en las cárceles entre 1939 y 1944; de los 1.717 fusilados en el Camp de la Bota de Barcelona entre 1939 y 1952, o de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. Familiares y víctimas que contemplan, incrédulas, la total impunidad del pasado totalitario de España mientras desde otro país nos piden cuentas.

Y todos los ciudadanos que van a observar y valorar al TS durante el juicio al juez Garzón no olvidan que, objetivamente, el juez Varela y el TS han tomado posiciones, manifiestamente erróneas, para impedir la persecución del genocidio franquista y justificar así la persecución del juez Garzón.

Así lo acredita el reiterado rechazo a la perseguibilidad de dicho genocidio, consecuencia de la oposición por el TS a admitir los conceptos básicos que sustentan el Derecho Penal Internacional y justifican la persecución de dichos crímenes. Conceptos ya existentes en la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1907 y que, tras la derrota del nazismo, estuvieron presentes en el Estatuto del Tribunal de Núremberg, en el Convenio de Roma de 1950 y en los Pactos de Nueva York de 1966, que obligan a su persecución si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

La dictadura franquista, intentando aproximarse a la comunidad internacional, asumió algunos de estos Principios incumpliéndolos reiteradamente. El dictador, en 1952, ratificó los Convenios de Ginebra de 1948 sobre la protección de prisioneros y civiles durante los conflictos armados, nacionales e internacionales, que prohibían “las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados” (BOE de 26/8, 2/9 y 5/9 de 1952).

El juicio popular al TS tiene diversos fundamentos. Primero y principal, la decisión de admitir a trámite la querella de la organización ultraderechista Manos Limpias, que atribuía al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación, resolución que, según un organismo del Memorial Democratic de Catalunya, expresaba que aún pervivían en el TS “decisiones marcadas por un sesgo ideológico franquista” y “generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del alto tribunal”.

Y porque el TS ha quebrantado el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas, ha reforzado la impunidad de dichas conductas y ha incumplido el deber de todo tribunal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada a la gravedad de los delitos que se cometieron contra ellas y sus familiares.

El proceso penal contra el juez Garzón expresa, asimismo, la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, además, de un preocupante posicionamiento del Poder Judicial dentro de la “lógica de los Estados”, “la lógica hobbesiana del poder”, frente a la “lógica de las víctimas”, abriendo una gran brecha en la confianza de los ciudadanos en los jueces que deberían tutelar y amparar sus derechos.

El transcurso del tiempo ha acrecentado la gravedad del problema que motivó las denuncias a finales de 2006. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Y, según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, del Ministerio de Justicia, actualmente existen 1.097 fosas pendientes de actuación.

Ante esta terrible realidad, las “Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en una democracia” (Reyes Mate). Y es por ello que el proceso contra el juez Garzón debe ser analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente política de exterminio, así definida por ellos mismos.

En consecuencia, como dijeron tres magistrados de la Audiencia Nacional, “la investigación a la que tienen derecho las víctimas según el derecho internacional, ha sido clausurada”.

Ello se ha traducido en una constante denegación de justicia, y de vulneración por el TS de los derechos constitucionales de las víctimas a la jurisdicción, a un proceso debido y a la tutela judicial. No ha habido víctimas más maltratadas, más olvidadas, más “invisibilizadas”.

Así lo expresa el rechazo del TS a las pretensiones procesales de dichas asociaciones, rechazo que tiene su máxima expresión cuando les reprocha de forma ofensiva “un manifiesto abuso de derecho”, exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo”. ¡Qué muestra de arrogancia, que contrasta con la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho proceso!

Ante esta dramática situación, esperamos, pese a todo, que la sentencia respecto del juez Garzón sea la constatación de que, como dijo el jurista Ferrajoli, es verdad que: “¡Hay jueces en Berlín!”, en el sentido de que “debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas y para tutelar los derechos de un individuo”, en este caso de dicho juez. Y que la sociedad pueda emitir al fin y al cabo un veredicto favorable al TS.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción

Vegeu l’article publicat a El País.

La anulación de la condena a Miguel Hernández, Manuel Parra Pozuelo

Coincidiendo con el primer centenario del nacimiento de Miguel Hernández  el Ministerio de Justicia ha emitido el Certificado de Reparación y Reconocimiento personal  del poeta y, María José Hernández Izquierdo, su nieta ha presentado ante la Sala 5ª del Tribunal Supremo un  recurso de revisión de la sentencia que  lo condenó a muerte a su abuelo y una gran cantidad de firmas de ciudadanos y de acuerdos plenarios de muchas instituciones se han hecho llegar a la Sala que ha de resolver de una vez la anulación de la sentencia que aún enturbia su memoria del poeta.

No obstante, el fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Herrero Tejedor, con la conformidad del Fiscal General Sr. Conde Pumpido,  se opone a la admisión a trámite de dicho recurso, aludiendo a la  invalidez e inexistencia de la sentencia contra Miguel Hernández. Pero, aunque la declaración  de nulidad que  se demanda, es  una consecuencia ineludible de la Ley 52/2007, que solo  incluyó la  declaración de “ilegitimidad” de las sentencias, pese a que  diversos grupos políticos solicitaron su expresa anulación de las mismas; como,  en casos análogos, se había incorporado a leyes que en otros países han regulado esta cuestión; por ejemplo, en Alemania respecto a las sentencias dictadas por los tribunales nazis, de igual naturaleza que los franquistas, por lo que la pretendida declaración de nulidad que trata de imponer la Fiscalía solamente puede ser determinada por una ley o por los órganos judiciales competentes y nunca podrá tener valor anulatorio una resolución del Ministerio Fiscal.

En apoyo de nuestra tesis, Don Carlos Jiménez Villarejo, que ejerció el cargo de Fiscal jefe de la Fiscalía especial anticorrupción, coincidiendo con la opinión de otros muchos reconocidos juristas, afirma que: “mientras  todas esas sentencias no sean anuladas los condenados no serán formalmente inocentes”, ya que  “está aún pendiente  la plena rehabilitación jurídica de todas las víctimas del franquismo”, tal como, en el caso de Miguel Hernández, ha sido multitudinaria y unánimemente reclamado por personas e instituciones.

Otra de las supuestas razones por las que el citado fiscal, se opone a la admisión de la solicitud de revisión de la sentencia que condenó a Miguel Hernández, es su  valoración de los certificados de Don Juan Bellod Salmerón y de Diego Romero Pérez, muy favorables para Miguel Hernández, incluidos en el proceso 4487- que ha sido difundido por nuestro compañero  y amigo Enrique Cerdán Tato- , como opiniones personales carentes de valor probatorio, sin tener en cuenta, entre otras cuestiones, que Don Juan Bellod Salmerón, cuyos certificados están suscritos bajo juramento, ostentaba en aquel momento el cargo de secretario de milicias de FET y de las JONS de Valencia. Siendo precisamente la organización de la Falange, a través de su Inspección de Investigación y Vigilancia, la encargada de emitir los informes que  absolutamente decisivos para las decisiones de los Tribunales Militares franquistas. Siendo preciso resaltar que, habiendo sido entregados por Miguel Hernández a las autoridades militares que iniciaron contra él el proceso 4487, a pesar de ser reiteradamente reclamada su documentación, la misma no llegó nunca a manos del tribunal que lo juzgó, siendo razonable atribuir una intención  torticera  al hecho de continuar,  desobedeciendo lo prescrito por presidente del Consejo Sumarísimo del tribunal encargado de los delitos de Prensa, que fue el que tan injustamente lo condenó. Por lo que, contra  la opinión del Fiscal, lo contenido en el proceso 4487 es, sin ninguna duda, un hecho nuevo y relevante, que justifica,  la admisión a trámite de la solicitud de revisión del proceso.

A las sólidas e indubitables razones expuestas debemos añadir el hecho incontrovertible del unánime clamor popular que exige auténtica justicia, a todos los efectos y desde todos los puntos de vista,  para el imprescindible poeta que fue Miguel Hernández, por lo que, a pesar de los obstáculos que la fiscalía pueda oponer, su nombre y su memoria deben quedar totalmente liberados de cualquier tipo de rémora o sospecha, al igual que tantos y tantos inicuamente condenados por los que impropiamente se denominaron tribunales, que eran, en verdad, órganos  seudojurídicos, para la represión.

Manuel Parra Pozuelo, autor del libro Miguel Hernández: una nueva visión

Los pecados de Garzón per Juan Ramón Capella (via Dominio Público)

Juan Ramón Capella és Catedràtic emèrit de filosofia del dret de la Universidad de Barcelona

Los discutibles procesos judiciales penales en los que se ha visto envuelto el juez Baltasar Garzón obligan a preguntarse: ¿por qué? ¿Qué ocurre con la Justicia en España? ¿Cuáles son los pecados de Garzón que han suscitado esos procedimientos penales ante –o del– Tribunal Supremo? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? ¿De qué es síntoma Garzón?
Si uno hace memoria, creo que Garzón tiene en su haber algunos pecados que explicarían lo que hay en el fondo de esos procesos…
… continua llegint

Via el bloc Dominio Público, dia 10 de gener de 2011.

La Fiscalia de l’Estat investiga al Concello de Ferrol, a petició del Tribunal Supremo, per un acord de suport a Garzón

La Fiscalia de Ferrol ha obert diligències preprocessals per a analitzar l’acord que l’Ajuntament de Ferrol, governat pel PSOE, va aprovar el passat 25 de març de 2010 de solidaritat amb el jutge Baltasar Garzón, per tal de determinar si l’Ajuntament ha comès algun tipus de delicte per dubtar de la imparcialitat del Tribunal Suprem (TS) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

El Tribunal Suprem va remetre a la Fiscalia General de l’Estat la documentació sobre l’acord plenari. El fiscal general de l’Estat, Cándido Conde-Pumpido, després de rebre una comunicació de la Sala Penal del Tribunal Suprem, va ordenar el 29 de juny a Carlos Varela, Fiscal Superior de la Comunitat Autònoma de Galícia, obrir una investigació “per tal de determinar les circumstàncies i la possible transcendència jurídica del fet ” la qual finalment el va derivar a la Fiscalia de Ferrol.

Casualment el fiscal general de l’Estat és nét de Luciano Conde Pumpido, nascut a El Ferrol, i que l’any 1936 fou designat vocal de l’Alto Tribunal de Justicia Militar, cèlebre per actuacions com el procés a la tripulació del mercant “Mar Cantábrico” (causa 50/37) que va imposar vint-i-cinc execucions, entre elles a dos menors d’edat. Durant la dictadura va formar part del Consejo Supremo de Justicia Militar, que va confirmar milers de condemnes a mort.

L’acord del Concello de Ferrol fou aprovat a instàncies d’una moció del grup municipal d’Izquierda Unida indicant la preocupació dels ciutadans per les acusacions de prevaricació versades contra el jutge Baltasar Garzón i expressant la seva solidaritat, i que es pot resumir amb la següent sentència “Produeix indignació i rubor comprovar com en lloc d’animar la persecució dels delictes comesos durant el franquisme contra molts i moltes ciutadans de el nostre país i de l’Estat, es persegueixi a qui intenta contribuir a fer justícia, en el increïble salt que suposa emparar als botxins i abandonar una vegada més a les víctimes”.

Es critiquen aquestes actuacions judicials “iniciades en àmbits de la dreta i l’extrema dreta” que “suposen un pols inacceptable a la democràcia i a la justícia, que no ha de ser emparat pels òrgans de govern dels jutges”. I s’exigeix que “les víctimes del franquisme que varen instar al inici del procediment judicial obert pels crims de la dictadura franquista puguin ser part en el procés judicial”.

En un altre ordre de coses també es parla d’altres imputacions de Garzón en el que s’afirma és una “campanya d’assetjament i enderrocament”, atès que s’està “posant en perill la investigació del cas Gürtel i sembrant un camí d’impunitat per als actualment implicats”.

Podeu llegir l’acord del Ple del Concello de Ferrol al següent enllaç.

“La justicia es lenta; la injusticia, rápida” article d’opinió de Cristina Almeida a El País

En España la justicia es lenta. Es lenta para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Es lento el Tribunal Supremo para resolver recursos. Es superlento el Constitucional para renovarse, gracias a que su situación actual aprovecha a determinados partidos políticos, y es provocadoramente lento para resolver un recurso por encima de voluntades autonómicas, acuerdos parlamentarios o referendos ciudadanos. Es lenta, sí, y eso ya no es justicia.

Pero estoy asombrada de la rapidez que tiene cuando quiere realizar injusticias o perpetrar atropellos jurídicos. Me imagino al magistrado Luciano Varela trabajando mañana, tarde y noche para resolver en un solo día más de cinco recursos, y en algún caso, sobre todo cuando se quiere defender a sí mismo, con muchísimos folios. Todo ello con una finalidad: que llegue al Consejo del Poder Judicial un auto apresurado, pero suficiente para él, por la finalidad que persigue, en el que inicia el juicio oral contra Baltasar Garzón. Un Garzón al que, por supuesto, Varela le ha denegado todas sus pruebas, al tiempo que se las ha admitido al seudosindicato Manos ¿qué?, al que, además, cual maestro ejemplar, le ha dictado, a su gusto, un escrito de acusación. El que supuestamente era el juez, con sus lecciones magistrales a Manos ¿qué?, se ha convertido de hecho en el único acusador de Garzón. Y todo ello en 24 horas. ¿Habéis conocido alguna vez, ciudadanos, profesionales del Derecho, tal rapidez?

Y en cuanto al Consejo del Poder Judicial, ¿habéis observado la celeridad sorprendente de que en dos días se convoquen las reuniones necesarias para poder suspender al juez Baltasar Garzón, y esta se acuerde con presteza y unanimidad? La consumación de la injusticia fue rápida, en dos horas despacharon el tema y, acto seguido, llamaron por teléfono a Garzón para decirle que estaba suspendido en sus funciones y que tenía que dejar la Audiencia Nacional. Y ahí se terminaron las prisas. Misión cumplida: el juez Garzón había sido humillado.

Se rechazó incluso la posibilidad de dar una salida digna, por temporal que fuera, al asunto accediendo previamente a que Garzón se fuera en comisión de servicios a La Haya. Esto ya no tenía tanta prisa y se vería después. Porque somos mayoría los que tenemos la seguridad de que, en algún momento, nuestros tribunales verán la razón y desmontarán toda esta trama de envidias, rencillas y disparates jurídicos que estamos viviendo, y de que, si llega a ser juzgado, Garzón será absuelto.

[…]

Podeu accedir al text complet a El País del 22 de maig de 2010.

“A Garzón se le está negando un juicio justo”, article a El País d’Andrés Márquez Aranda i Carlos Jiménez Villarejo

El País d’ahir 19 de maig de 2010 publica un article d’Andrés Márquez Aranda, primer president del Tribunal Superior de Justícia de Andalusia, conjuntament amb Carlos Jiménez Villarejo, jurista demòcrata i exfiscal anticorrupció  de l’Estat.

El proceso incoado por el Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón por las querellas de Manos Limpias y Falange Española constituye un hecho doloroso e injustificable. Debe recordarse que las querellas tienen su fundamento en la incoación de un procedimiento penal para la investigación y averiguación del paradero de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. El juez Garzón decidió lo que estaba obligado a hacer ante una realidad que abarcaba todo el territorio nacional y desde una instancia jurisdiccional estatal, con competencia en toda España, en aplicación de los tratados internacionales ratificados por España contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Para ello, practicó unas diligencias inmediatas que llevaron a la comprobación del censo provisional de personas desaparecidas en España, 114.266 en dicho periodo. Todo en el ejercicio de la independencia judicial, aplicando las leyes vigentes e interpretándolas conforme a los valores constitucionales y el Derecho Internacional.

Lo contrario, lo que ha hecho el TS al abrirle un proceso penal, es “criminalizar la deliberación e imponer límites penales a la interpretación judicial”, según señaló Jueces para la Democracia el pasado 12 de febrero. Este proceso representa un ataque frontal a la independencia judicial y, por ende, al Estado democrático de derecho. Por ello, el fiscal mantiene una rotunda y fundada oposición a las querellas y a las resoluciones del TS y acaba de solicitar el sobreseimiento y archivo de la causa.

El proceso contra Garzón se inicia con el auto de 26/5/2009, admitiendo a trámite la querella de Manos Limpias. Desde entonces, el juez instructor Varela ha tramitado el proceso adoptando diligencias que sólo atendían y favorecían a las acusaciones, con manifiesta indefensión del querellado. Solo así se explica que incorporara a la causa las Diligencias Indeterminadas 70/98 del Juzgado Central número 5 sobre los fusilamientos de Paracuellos, “en la medida que puedan contribuir a esclarecer las circunstancias concurrentes en la decisión de dictar las resoluciones objeto de las querellas…”. Más adelante, el juez Varela, por auto de 3/2/2010, atribuye al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, haciendo una interpretación errónea de la Ley de Amnistía de 1977 y de la Ley de la Memoria Histórica de 2007, con un grave y profundo desconocimiento de los tratados internacionales ratificados por España sobre los crímenes contra la humanidad y de su incidencia en el ordenamiento español.

Asimismo, en la fase posterior, el proceso contra Garzón está profundamente viciado por los gravísimos errores cometidos por el juez Varela, en perjuicio del juez Garzón, tanto en el auto de 7 de abril, en que decide “proceder” contra él, como por su actuación ante las acusaciones.

En dicho auto, el primer presupuesto para “proceder” contra Garzón, es “que se hayan practicado las diligencias pertinentes” planteadas por todas las partes del proceso. Sin embargo, el instructor mantuvo que las diligencias solicitadas por Garzón para acreditar su inocencia eran innecesarias. En consecuencia, colocó al querellado en una situación de indefensión, puesto que le atribuyó la comisión de un delito sin que previamente resolviera sobre la práctica de aquellas diligencias que pudieran haberle favorecido. Diligencias de prueba que pretendían acreditar que las decisiones adoptadas por Garzón no sólo no eran “absurdas” o “extravagantes”, sino que han sido compartidas por otros jueces de instrucción y magistrados y tienen el apoyo incondicional de los más eminentes juristas del Derecho Penal Internacional. Así, el juez Varela decidió no abrir un debate sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la humanidad, las leyes de amnistía y la prescripción de la desaparición forzada de personas; debate absolutamente necesario para desvirtuar las imputaciones de prevaricación que se hacen a Garzón.

Cuestión no baladí, porque la consecuencia fue que las partes acusadoras presentasen escritos de acusación de forma prematura y extemporánea cuando estaba pendiente de resolverse sobre las pruebas pedidas por Garzón. Es legítimo preguntarse por la razón de haber inculpado a Garzón y permitir a los querellantes que formulen sus escritos de acusación, mediante una resolución aparentemente injusta, por ilegal. ¿Lo hizo a sabiendas, por imprudencia grave o por ignorancia inexcusable, o fue simplemente un error? El juez Varela debería explicarlo, pero aún no lo ha hecho, ni siquiera a las partes del proceso. Por la misma razón, debería explicar por qué demoró, sin justificación conocida, dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la resolución que comentamos, retraso que contrasta con la premura que se ha dado ahora. ¿Serán las circunstancias extraprocesales últimamente concurrentes las que le han espoleado? ¿O será que aplica la ley siguiendo criterios de oportunidad?

El juez Varela continúa considerando como eje central del delito que le atribuye al juez Garzón el investigar la desaparición forzada de decenas de miles de personas cuyo paradero aún se desconoce y afirma que estos hechos, indiscutidos, “ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento”, lo que revela su desconocimiento y quebranto del ordenamiento jurídico y los tratados internacionales que lo integran y un menosprecio inaceptable de las víctimas de la represión. Asimismo reitera, como elemento básico de la supuesta prevaricación, el afán de “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas”, lo que demuestra que continúa desconociendo que las previsiones de la Ley de la Memoria Histórica son compatibles con el ejercicio de acciones judiciales.

Pero los vicios procesales de la causa alcanzan su cénit en las decisiones del instructor adoptadas respecto a los escritos de acusación presentados por las acusaciones de Falange y Manos Limpias. Ante dichos escritos, completamente irregulares e ilegales, el instructor opta, cuando le está prohibido hacerlo, por subsanarlos él mismo u ordenar a los acusadores cómo deben hacerlo. Así el juez instructor asumió la condición de parte del proceso perdiendo la imparcialidad.

Los defectos y omisiones de los escritos de acusación eran de tal entidad que solo procedía su rechazo inmediato, porque la ley no contempla la decisión adoptada por Varela. Decisión judicial insólita que acentúa radicalmente la indefensión del querellado y mediante la cual el juez Valera asume, en un ejercicio de autoritarismo, competencias legislativas, creando la posibilidad de que el propio juez instructor redacte el escrito de acusación de las partes acusadoras.

Ante estas decisiones judiciales, Garzón planteó la nulidad de las actuaciones procesales en cuanto le provocaban una vulneración de sus derechos constitucionales y una evidente indefensión.

Para conocer el alcance de los vicios procesales expuestos, es esclarecedor el escrito presentado por el fiscal. En él analiza cómo y por qué las decisiones irregulares de Varela han generado una auténtica indefensión para el juez Garzón a partir de la jurisprudencia constitucional, en la que se establecen las condiciones para que el “acto acusatorio” o “el derecho a ser informados de la acusación” garanticen el equilibrio entre la acusación y el acusado. Y concluye que las decisiones del juez Varela de devolver a las acusaciones los escritos de acusación para corregirlos y la concesión de un plazo para que lo hicieran representa un trámite procesal “al margen completamente” de la legalidad.

Resulta especialmente incomprensible que el juez Varela dictase a Manos Limpias cómo debía redactar la acusación y la supresión de las páginas relativas a los fusilamientos de Paracuellos cuando fue él mismo quien, como hemos visto, decidió la incorporación de dichos documentos a la causa. También resulta rechazable que, como dice el fiscal, “el escrito de calificación provisional de (Manos Limpias) no es sino una transcripción literal del auto del magistrado instructor de 3/2/2010”. El juez Varela también ha carecido de imparcialidad en estas decisiones al exigir concretamente a Manos Limpias “excluir”, por “extemporáneas”, nada menos que 53 páginas, a fin de favorecer la viabilidad procesal de un escrito que era radicalmente nulo.

La osadía del juez Varela no concluye aquí. Sabiendo que está pendiente de resolverse por el TS un recurso sobre la validez de las acusaciones, que podría determinar el fin inmediato del proceso, decide abrir el juicio oral contra Garzón.

En definitiva, es dudoso que el juez Varela haya obrado con arreglo a las reglas “de la buena fe”, pero, desde luego, ha incumplido el modelo de juez constitucional, neutral e imparcial. Y el proceso que ha conducido no se ajusta al modelo previsto en el artículo 6º del Convenio de los Derechos Humanos. En estas condiciones, en las que el CGPJ ha acordado la suspensión infundadamente, ¿puede el Tribunal Supremo enjuiciar al juez Garzón?

Accediu a la notícia al web del País.

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