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Villarejo define a Franco: “Criminal de guerra y dictador sanguinario” (via Público)

El exfiscal jefe Anticorrupción presenta junto a IU una iniciativa para reforma la Ley de Memoria Histórica.

PÚBLICO.ES / EFE Madrid 06/06/2011 13:48 Actualizado: 06/06/2011 14:18

Si ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo tuviera que redactar la entrada sobre Francisco Franco en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia tendría muy clara la definición: “Lo llamaría criminal de guerra y dictador sanguinario, como mínimo, que fue lo que fue”.

Jiménez Villarejo, que ha participado en el Congreso de los Diputados junto con el portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, para presentar una iniciativa parlamentaria para reformar la Ley de Memoria Histórica, ha defendido que no puede haber equidistancia entre la legalidad de la democracia republicana o la actual monárquica y la “ilegalidad manifiesta” del franquismo y añadió que la “la memoria democrática es la memoria de las víctimas” de aquella dictadura.

La proposición de ley, impulsada conjuntamente por Llamazares y por la portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, aspira a que se declaren nulas de pleno derecho las sentencias del franquismo dictadas por motivos políticos y para que las adminitraciones públicas asuman las labores de localización e identificación de las víctimas del franquismo.

Durante su intervención, Jiménez Villarejo ha cargado  contra el Tribunal Supremo porque, cuando no existía la Ley de Memoria Histórica, rechazaba aceptar recursos de revisión de sentencias franquistas alegando que no había normas jurídicas nacidas al mundo del Derecho que se lo permitieran y, ahora que lo tienen, dijo, afirma que tampoco porque esa norma ha privado de vigencia jurídica aquellos fallos. “¡Basta ya de artimañas de leguleyos!“, se ha quejado.

“¿Qué queda a los familiares de las victimas del franquismo, qué queda a los familiares de los condenados y ejecutados a muerte o privados largamente de libertad durante muchos años, sometidos a toda clase de privaciones, humillaciones, torturas?”, se preguntó este ex fiscal jefe Anticorrupción, para quien “es obvio” que fueron “injustamente condenados”, pues lo fueron por un sistema que se levantó contra una democracia.

Jiménez Villarejo criticó también al PSOE por su incoherencia, al apoyar en proposiciones no de ley ideas o iniciativas que luego no ha llevado a la práctica, cuando el “tiempo corre”. “Basta con mirar lo que ha pasado en Portugal para que se den cuenta del tiempo que les queda”, advirtió, en referencia a la victoria de los conservadores en el país luso.

Publicat a Público dia 6 de juny de 2011, podeu accedir a l’article aquí.

“La Transición no ha terminado” Vicenç Navarro al diari PUBLICO, 18 de novembre de 2010

Aquest article critica les tesis presents en el recent documental de TVE sobre el reconeixement de les víctimes del que el documental defineix com els dos bàndols de la Guerra Civil i que semblen ser sostingudes pel govern espanyol i pel major partit de l’oposició. Aquestes tesis són que la Llei aprovada per les Corts (coneguda com de la Memòria Històrica) hauria de tancar les ferides dels dos bàndols, reconeixent per igual als vencedors i els vençuts, amb limitacions pel que fa al reconeixement d’aquests últims perquè tal llei o qualsevol altra no podien anul·lar els judicis dels vençuts que els van condemnar a mort per ser l’estat actual continuista de l’estat anterior. L’article critica aquestes tesis indicant que l’equivalència en el reconeixement de les víctimes és un indicador d’insensibilitat democràtica, i que el continuisme en l’estat és un obstacle per al seu ple desenvolupament democràtic.

En un documental emitido por Televisión Española (TVE), Tengo una pregunta para mí: ¿vivimos en deuda con el pasado?, se presenta un punto de vista sobre cómo abordar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil que, creo, refleja la postura del Gobierno socialista y del mayor partido de la oposición sobre este tema.

En una entrevista a José Álvarez Junco, miembro de la comisión nombrada por la oficina de la Presidencia del Gobierno español encargada de preparar el borrador de la Ley de la Memoria Histórica, este señala dos puntos que resumen esta visión. Uno es la instrucción que tal comisión recibió de la oficina de la Presidencia del Gobierno socialista español de que la ley (una ley que Álvarez Junco aclara que no era de recuperación de la memoria histórica sino de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil) tenía como objetivo “cerrar las heridas” de lo que el documental y Álvarez Junco definen como los dos bandos de la Guerra Civil. La ley tenía que satisfacer a los sucesores de los dos bandos. Puesto que la gran mayoría de los asesinados y desaparecidos pertenecían al bando republicano, y los que hubo del lado golpista no hubieran existido si no hubiera habido el golpe militar, tengo que admitir que me sorprende la instrucción recibida de que los sucesores del bando de los golpistas debieran también estar satisfechos con la ley. No hubo dos bandos, sino defensores de un Estado republicano con un gobierno democráticamente elegido y los golpistas, criminales que violaron brutalmente el Estado constitucional establecido democráticamente, que no hubieran vencido si no hubieran recibido ayuda militar de Hitler y Mussolini, que sobrepasó, y de mucho, el equipamiento militar de la República. Fue consecuencia del enorme apoyo popular a la República que, a pesar del enorme desequilibrio militar, el golpe no triunfó hasta tres años más tarde. Poner a los vencedores a la misma altura que los vencidos indica una enorme insensibilidad democrática.
Los que lucharon por la democracia eran los buenos. Y los golpistas eran los malos. Desechar esta categorización, tachándola de maniquea (como constantemente hacen los sucesores de los vencedores), es diluir sus responsabilidades en lo acaecido. El hecho de que los buenos hicieran también actos injustos no niega su superioridad moral, como tampoco el bombardeo de ciudades como Dresde por parte de las tropas aliadas (bombardeo que debe denunciarse) niega la superioridad moral de los vencedores en la II Guerra Mundial sobre el nazismo y el fascismo. En países europeos que sufrieron el nazismo o el fascismo no existe esta equidistancia en el reconocimiento de los muertos. Miles de poblaciones de la Francia democrática, por ejemplo, tienen un monumento a los muertos en la resistencia antinazi, sin tener a su lado los muertos entre las tropas de Vichy. Un tanto igual ocurre en Italia y en Alemania (donde cualquier homenaje o reconocimiento a los nazis está prohibido). En España, sin embargo, se instruye que se reconozca públicamente a las víctimas de los dos bandos.

Tal equidistancia, además de errónea, tiene unos enormes costes políticos, que quedan reflejados en la segunda observación que hace Álvarez Junco. La instrucción recibida de la oficina de la Presidencia era la de aceptar limitaciones en el reconocimiento de las víctimas, pues el Estado actual era continuista del anterior, basado inicialmente en un golpe militar. De ahí que el Estado actual no podía anular, por ejemplo, juicios de aquel Estado en contra de las víctimas del golpe militar juzgadas en tribunales de aquel Estado dictatorial. Aclara Álvarez Junco que el Estado resultado de la Transición no era una rotura con el anterior (como algunos de sus protagonistas lo han presentado), sino uno continuista. De ahí las resistencias a anular aquellos juicios e iniciar enjuiciamientos sobre responsables de aquellos crímenes y asesinatos.

Por otra parte, Santos Julià, otra persona entrevistada en el documental de TVE, considera que la amnistía fue un gran acto de madurez de la sociedad española, confundiendo madurez con debilidad de las izquierdas. Un motor del cambio fue la agitación social procedente en su mayoría de la clase trabajadora (España fue el país europeo con más huelgas desde 1974 a 1978). Pero, aun cuando la dictadura murió en la calle, la Transición se hizo bajo el dominio de la nomenclatura del régimen anterior. Fue más la abertura de aquel Estado a los partidos de izquierda –tal como Álvarez Junco reconoce– que una rotura con el Estado anterior. Ni que decir tiene que la aceptación de la soberanía popular fue un paso de enorme importancia, pero la expresión de esta soberanía (desde la Ley Electoral hasta la composición de los aparatos del Estado) lleva claramente la marca de aquel dominio. El hecho bochornoso de que el Tribunal Supremo quiera enjuiciar –a propuesta del partido fascista– al único juez que se atrevió a intentar llevar a los tribunales a los responsables de los desaparecidos es una muestra de ello.
La Transición se basó en una enorme injusticia. Javier Pradera, que es también entrevistado, reconoce este hecho cuando subraya que, para conseguir la paz, hay que aceptar las injusticias que se han hecho a los vencidos. Pero Javier Pradera no se pregunta ¿a qué precio? Se refiere a EEUU y a Francia, que han sufrido guerras civiles y cuyas sociedades han aprendido a convivir con ellas. Pero, por lo visto, ignora que en aquellas guerras los buenos ganaron y en la nuestra perdieron. Y su debilidad explica los silencios sobre nuestro pasado. Por razones de salud democrática, se exige que la versión histórica de los vencidos sea la que domine y que el Estado se considere continuador del Estado democrático republicano. Hasta que ello ocurra, la Transición no habrá terminado.

Vegeu l’article en PDF

Encara queden moltes persones sota la sorra – Público 15/9/2010 (via Blog de Carmen Domingo)

Iraq, Ingusetia, Txad, Iemen, Bòsnia Hercegovina, Nepal, El Salvador, Mèxic… molts són els països dels que es va parlar el passat 30 d’agost quan es commemorava El dia internacional dels desapareguts. Fins i tot Amnistia Internacional va publicar un comunicat on explicava —a tort i a dret de tota la geografia mundial— fil per randa tots els que no hi són i hauríem de buscar i solucionar el que és, sens dubte, una “grave violación de derechos huma … Read More

via Blog de Carmen Domingo

“Una investigación pendiente”, article de Carlos Jiménez Villarejo a Público

Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigación histórica promovido por la Cátedra Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El título es Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de represión) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Histórico Nacional, las “actividades de información e investigación” (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta información –particularmente los “expedientes policiales”– refleje la intensa y sistemática actuación represiva de la Brigada Político-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la oposición democrática. Representaba, además de otros cuerpos policiales, la institucionalización de la represión bajo la dirección política de los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los servicios de información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad militar o al Tribunal de Orden Público, detenciones arbitrarias e indefinidas en comisarías o centros de detención habilitados –sin poner al detenido a disposición judicial–, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. La intensidad de su actividad la reflejan los 15.202 presos políticos que había en España a principios de 1961. Su actuación fue denunciada en su día por Justicia Democrática, haciendo constar la presencia de un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”, la persistencia de “torturas policiales en régimen de expresa impunidad” y que “las brigadas político-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como oficinas de homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias”.

Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009, manifestó que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de Interior se referían al periodo 1975-1977. El estudio exigirá acceder a los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aquí es donde surgen las dudas sobre la conservación y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuación represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido, durante la Transición ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que habían cometido y siguieron cometiendo hasta el final del régimen, con el propósito de garantizar su impunidad. Así lo reconoció el gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán cuando justificó la destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque “olían a un pasado remoto”. Será difícil determinar el alcance de dicha destrucción. En el Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial constituida en 2004 se dice que “ni la contienda en sí, ni la Transición a la democracia, produjeron una destrucción masiva de documentación”.

No es este el criterio del profesor Reig Tàpia, quien sostiene que “desde fechas anteriores a las últimas elecciones generales previniendo lo que parecía una inevitable victoria socialista, desaparecieron de los archivos policiales cantidades ingentes de documentos”. Pero, ciertamente, destrucción hubo. Buena prueba de ello es que recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del ministro del Interior, ante la reclamación de un ciudadano, tras un largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo, le ha contestado: “Hay que tener en cuenta que con la promulgación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc”. Respuesta, entre otras muchas razones, que justifica la investigación que se pretende, pero que expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno cuando en el Informe de la Comisión Interministerial, previo a la Ley de la Memoria Histórica, afirmaba “la absoluta primacía de los archivos como fuente de conocimiento del pasado histórico, no solamente para los historiadores, sino también para las personas interesadas en conocer situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares”. Y, en segundo lugar, porque es una muestra más del incumplimiento de dicha ley cuando se garantiza a los ciudadanos “el derecho de acceso a los fondos documentales” depositados en los archivos públicos.

Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor Tomás y Valiente: “El derecho de todos a una información veraz no es sólo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que un derecho individual de cada español, es un derecho fundamental…”. Y reclamaba su plena satisfacción de manera generosa frente a una interpretación tan restrictiva que representara su denegación.

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción

Podeu accedir a l’article, publicat el 5 de setembre al diari Público, en el següent enllaç.

Veïns de la Barceloneta salven una pintada d’homenatge a un combatent republicà

En una de les façanes del carrer Sant Miquel de la Barceloneta es pot llegir una pintada amb el nom del carrer abans que fos canviat pel règim franquista: Miquel Pedrola, milicià republicà i membre del POUM que va morir el setembre de 1936 al front d’Aragó.

L'església de Sant Miquel fou coberta amb un llenç amb les efígies de Miquel Pedrola i Lenin. Font: http://arqueologiadelpuntdevista.blogspot.com

El grafit fou pintat a mà pels veïns durant la Guerra Civil abans de la formalització oficial de canvi de nom del carrer i ha estat restaurat per l’Institut de Paisatge Urbà de Barcelona gràcies a l’historiador Daniel Cortijo que ha estat el principal impulsor per a la recuperació d’aquest d’homenatge popular que ha comptat amb el suport veïnal.

La recuperació d’aquest record de la nostra història més recent és un pas endavant en la restauració de la nostra memòria, tot i que encara ens queda un llarg camí en la necessària tasca de retre un just homenatge a totes aquelles persones que lluitaren per la República, per la democràcia i per la llibertat.

Podeu llegir la notícia pulicada al diari Público del 18 d’agost de 2010 en aquest enllaç.

“Els joves, contra la impunitat”, article al diari Público

El col.lectiu rellança les movilitzacions de les associacions contra el franquisme

GLÒRIA AYUSO BARCELONA 25/05/2010 08:20

Recuperar la memòria històrica i reivindicar el dret de trobar els cossos de familiars afusellats i enterrats en fosses comunes durant la Guerra Civil i la dictadura és una lluita que fa molts anys porten a terme desenes d’associacions d’arreu de Catalunya. La sorpresa davant l’obertura del Tribunal Suprem d’un procés penal contra el jutge Baltasar Garzón per voler investigar els crims del franquisme ha fet reaccionar ara els joves, que estan reprenent les mobilitzacions amb el mateix objectiu: fer justícia.

L’Associació d’Estudiants Progressistes de la Universitat de Barcelona celebra avui a la Facultat de Dret una jornada que se centrarà a analitzar l’ordre del magistrat del Tribunal Suprem Luciano Varela d’obrir judici oral contra Garzón. A l’acte parlaran el magistrat i professor de l’Escola Judicial Antonio Doñate, que va ser observador en el procés contra l’expresident del Perú Alberto Fujimori, també per crims contra la humanitat. El professor de dret internacional David Bondia se centrarà en els motius que envolten la causa oberta per Varela.

L’acte serà també la presentació oficial de la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme, de la qual formen part ciutadans anònims que s’han organitzat a través de Facebook. La nova associació, que va convocar les protestes del passat 24 d’abril, preveu celebrar actes que aglutinin el malestar de la societat civil “davant la persecució dels qui persegueixen la veritat”, diu la portaveu de l’entitat, Sara Clavijo. “No som un club de fans de Garzón”, subratlla l’escriptora i membre de la plataforma, Carmen Domingo, “el que volem és que es faci justícia, i la justícia ens està demostrant que no respon a les expectatives”. Domingo explicarà els propers objetius de la plataforma: el primer serà un acte al Camp de la Bota, on es llegiran els noms dels 1717 afusellats. També es preveu organitzar dos concerts, un abans de l’estiu i un altre després.

La plataforma constata el “cansament de les associacions que des de fa temps lluiten” pel mateix motiu del que ara fa bandera la plataforma. “Han patit molt i els han maltractat. Ara veuen com grups de joves aprofitem el ressò mediàtic pel procés contra Garzón i potser ens miren amb un cert recel. Però hem vist com hi ha molts petits moviments que cal vehicular en un de més gran per donar-los més força i que no morin sense la repercussió que es mereix”, explica Domingo. La plataforma està en contacte amb l’organització homònima de Madrid i altres territorials de l’Estat.

L’exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, autor del manifest, Rosa Regàs, Gerard Quintana, Carme Samsa i Jordi Dauder són algunes de les cares més conegudes que s’han unit a la plataforma, on ja figuren moltes entitats de recuperació de la memòria històrica, partits polítics i sindicats. No hi és ERC, que “manté una posició contrària al jutge Baltasar Garzón per les detencions a nacionalistes del 1992”, explica l’entitat.

Podeu accedir a la notícia al diari Público del 25 maig de 2010.

“Desmemòria històrica”, article de Carmen Domingo a Público

No sé si paga la pena tornar a dir –per enèsima vegada— que l’anomenat cas Garzón és alguna cosa més que un càstig a un jutge que ha gosat mirar de traspassar (poc perquè no l’han deixat seguir) els límits de la impunitat que tenien –i malauradament encara tenen— els franquistes.
Ni tampoc sé si paga la pena tornar a insistir en el fet que demanar que es dugui a terme el que es va aprovar a la Llei de Memòria Històrica i donar una sepultura digna a tants i tants assassinats a partir de l’any 39 no és una reclamació feta amb ànims de revenja, sinó donar el reconeixement que es mereixen les víctimes del franquisme i explicar-li a la gent què va passar, perquè encara queden moltes famílies que van patir, i molt, i que encara avui dia busquen els seus familiars. De fet, quan el jutge Garzón va començar a investigar aquest període de la història espanyola es parlava de 30.000 desapareguts, y quan va deixar el procés, ja se’n comptabilitzaven 114.000. A Catalunya hi ha prop de 200 fosses comunes, i gairebé 10.000 cossos continuen soterrats en el territori català.
El que sí paga la pena recordar, és que a les fosses comunes de represaliats pel franquisme conflueixen desaparicions forçades, execucions extrajudicials, i inhumacions clandestines, tres tipus de crims contra la humanitat, recollits a l’Estatut de Nuremberg i que, com a tals, són imprescriptibles i constitueixen greus violacions del Dret Internacional Humanitari. I per tant no es poden deixar sense investigar. Fins aquí diríem que es tracta de recuperar la memòria democràtica del país. Molt més en el cas català en què la majoria de fosses estan datades a partir de 1939. I legalment el delicte no ha prescrit.
A l’Estat Espanyol, per solucionar aquest tema es va dur a terme la Ley de Memoria Histórica al desembre de 2007. A Catalunya, dos anys després, i amb l’arribada del Tripartit es va aprovar la Llei de Fosses de Catalunya. El text, té com a objectiu prioritari reconèixer la dignitat de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, fer efectiu el dret dels familiars a obtenir informació sobre el destí dels seus parents, a la senyalització del lloc de l’enterrament i, si s’escau, a la recuperació de les restes. Una llei que ha convertit la Generalitat en la primera Administració de l’Estat Espanyol que assumeix plenament la localització i identificació dels desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Una llei que el PP, fidel als seus orígens, va votar en contra.
La diferència entre una i l’altre llei, entre acudir a la justícia —en el cas del l’Estat Espanyol— o acudir a la Generalitat —en el cas català—, és aconseguir, o no, desenterrar i donar sepultura digne als assassinats.
Vistes així les coses, és molt probable que si a l’Estat Espanyol existís una normativa com la Llei de Fosses de Catalunya, mai no s’hagués obert la causa contra Garzón per investigar desaparicions durant el franquisme, perquè ho hauria dut a terme el govern de cada comunitat.
Fins aquí tot bé, encara que feta la llei, feta la trampa. Si bé La Llei de Fosses permet fer-ne el cens, preveu la institució d’un comitè tècnic, i regula l’accés a espais i terrenys afectats per la localització i la identificació i assumeix els costos per trobar els desapareguts. Però per contra, la fossa no pot tenir més de 15 morts, tots els familiars han d’estar d’acord amb la identificació, conèixer el lloc exacte i l’ajuntament on es troba ha de fer una investigació prèvia per confirmar-ho. Obviament cuestions que dificulten la trobada.
És ben clar. Ens hem de posar les piles. Un passat marcat per crims de lesa humanitat sense resoldre i ocults durant dècades, amb una situació d’impunitat que encara gaudeixen els perpetradors d’aquests crims, no deixa avançar un país.
Potser ara només queda esperar a que el mateix Garzón –bèstia negra per als nacionalistes catalans que avui dia encara no li han perdonat les detencions de catalanistes del 1992— des de la Haia torni a obrir un procediment per buscar els desapareguts i dignificar les víctimes dels assassinats. Perquè la recuperació de la memòria és un acte de responsabilitat per a aquells que van sofrir empresonament i persecució durant la dictadura, però, sobretot, per a la generació més jove que desitja i necessita saber allò que els hi han ocultat.

Article publicat al diari Público del 20 de maig de 2010.

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