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4 de Diciembre de 2011: 70 aniversario de la ley de desapariciones infantiles de Franco, por Miguel Ángel Rodríguez Arias

4 diciembre 2011 por emigro

En el caso argentino denunciado por las Abuelas de Plaza de Mayo se trató de una instrucción secreta de la cúpula militar de aquel País.
En el caso español, en cambio, como en el caso australiano de las “generaciones robadas”, o desapariciones forzadas de niños aborígenes entre 1910 y 1970, se trató de toda una legislación publicada en el Boletín del Estado la que articuló el sistema de desaparición de miles de niños, y selló su destino bajo falsos pretextos.
Ese fue el caso de la “Ley de 4 de Diciembre de 1941 sobre inscripción de niños repatriados y abandonados”, (BOE n. 350 de 16/12/1941, pág. 9819-9820), que habría de suponer la pieza de cierre del sistema de desaparición previamente iniciado por Orden de 30 de marzo de 1940 dictando normas sobre la permanencia en las prisiones de los hijos de las reclusas (BOE n. 97 de 6/4/1940, pág. 2354) y Decreto de 23 de noviembre de 1940 sobre protección a huérfanos de la revolución y de la guerra (BOE n. 336 de 1/12/1940, pág. 8253- 8255).
La ley franquista de 4 de diciembre es de una crueldad y una hipocresía verdaderamente siniestra propia de otras actuaciones de esos responsables para encubrir sus actos, en un día como hoy de hace 70 años el régimen franquista selló el sistema de cambio de apellidos de miles de niños robados a sus madres – detenidas masiva y sistemáticamente ilegalmente y sin otro “cargo penal” que su parentesco familiar – en los “Conventos-Prisión”, en muchos casos arrebatados de sus brazos inertes, golpeadas hasta la inconsciencia para poder arrancarselos de sus brazos, como muchos testimonios recogen y entregados a “piadosas monjitas-guardianas” sin que se volviera a saber de ellos.
Pero también selló el destino de los cientos de niños robados en los paritorios a los familiares de guerrilleros antifranquistas, como en el caso de Emilia Girón y otros, o los cientos de niños de las colonias infantiles de Victoria Kent, secuestrados por toda Europa y América por encargo directo del Gobierno de Franco.
“La resolución del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 condenó todo ello sin paliativos pero hasta la fecha el Gobierno de España no ha reconocido nada ni ha emprendido ni una sola medida para buscar a esos niños, a diferencia del australiano cuyo Primer
Ministro Kevin Rudd pidió perdón a todas esas familias en un acto solemne en el parlamento de aquel país.
Dicha importante resolución internacional de Condena del “Balance de Crímenes” de Franco y  de la que se ha hablado más fuera de España que dentro era taxativa en sus más de 100 puntos:
“72. Los “niños perdidos” son también parte de las víctimas del franquismo se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. (…).
73. Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación.
74. Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado.
75. El Régimen franquista invocaba la “protección de menores”, pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los “pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente, eran separados de las demás categorías de niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.[1]
Esos eran los niños perdidos “abandonados” o “repatriados” de la ley de 4 de Diciembre de 1941 de la que hoy se cumplen 70 años, y que había que inscribir en los registros bajo un nombre falso y entregárselos a las “familias adecuadas”, señala Rodríguez Arias.
Todo ello resulta mucho más chocante todavía, cuando tan solo 3 días después de un día como hoy de hace 70 años, el 7 de Diciembre de 1941, Hitler dictaba la Conocida orden de desapariciones forzadas “Noche y Niebla”, para que las SS hiciesen desaparecer “en la noche y la niebla” a toda persona sospechosa de colaborar con la resistencia en el este de Europa, cuando no existiese la certeza de quede ser sometidos a un Consejo de Guerra iban a poder ser condenados a muerte. Y ese mismo Decreto nazi, del que en sólo tres días cumpliremos el 70 aniversario también, sí que fue enjuiciado en Nuremberg, condenándose al Mariscal Keitel por ello.
En España se nos ha pretendido decir que los crímenes de nuestra dictadura están fuera del alcance temporal de la jurisprudencia de Nuremberg, con solo tres días de diferencia. Es inaceptable jurídica y democráticamente.
En España, el circulo de la desaparición se cerraría con esta ley de 4 de Diciembre de 1941, que es necesario que sea recordada hoy, porque además una vez creados los mecanismos de la impunidad, inicialmente con fines de persecución de los vencidos, continuaría posteriormente con fines cambiados, igualmente espureos, de “tráfico o compra-venta de personas”; en uno y otro caso, incontestablemente, “crímenes contra la humanidad” imprescriptibles e inamnistiables, en tanto que unas y otras son conductas sistemáticas llevadas a cabo bajo la promoción y la aquiescencia de la dictadura. No existen distinción entre unos y otros, ni niños robados A y niños robados B, unos y otros, y sus familias que continúan esperando que nuestro país cumpla sus deberes internacionales y los busque a todos, son víctimas de “crímenes contra la humanidad”.
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El otro crimen de Estado. (via En el pais de los niños perdidos)

Article de Miguel Angel Rodriguez Arias a Nueva Tribuna/Rebelion el 15/09/2009, en què parla de crims d’estat per part del govern atès l’incompliment de l’obligació d’investigar qualsevol desaparició forçada.

El otro crimen de Estado. La negación de una investigación oficial en España a las víctimas de Franco y la presunta responsabilidad criminal de miembros del Gobierno Zapatero a la luz de la Resolución 1463 del Consejo de Europa.

Miguel Angel Rodriguez Arias.Nueva Tribuna/Rebelion 15/09/2009

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El minis … Read More

via En el pais de los niños perdidos

Articles de Miguel Ángel Rodríguez Arias a Nueva Tribuna

Miguel Ángel Rodríguez Arias és investigador de Dret Penal Internacional de la Universidad de Castilla-la Mancha (UCLM) i autor de les primeres investigacions jurídiques sobre els desapareguts del franquisme com a crims de lesa humanitat no prescrits des d’un punt de vista del dret internacional i del llibre El caso de los niños perdidos del franquismo. Ha publicat també tres estudis a la revista Jueces para la Democracia que demostren les violacions de drets humans actualment a l’Estat espanyol pel que fa a la jurisprudencia interrnacional ratificada per la nostra “sacrosanta” Constitució.

Recentment ha escrit tres articles a Nueva Tribuna sota el títol “España post genocidio” que expliquen des d’un punt de vista jurídic i crític l’incompliment sistemàtic dels drets humans bàsics i irregularitats que es comenten a causa d’una transició “immodèlica” i una democràcia lastrada pel feixisme.

España postgenocidio (I): No son “sentencias”, son crímenes de guerra

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

“España post genocidio (II): Sin noticias de Príamo – Héroes de la República insepultos en el Ebro”

Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…

¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?

¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.

“España post genocidio (III): Derecho Zombie. Títulos nobiliarios y otros nombramientos franquistas que nuestro Estado Monárquico sí que reconoce”

Así que el problema de fondo va todavía más allá, en realidad, de que la España post genocidio se siga desentendiendo de todo el derecho internacional respecto de víctimas sepultas o insepultas: es que a lo que se sigue reconociendo valor jurídico es a todo lo que hizo dicho régimen criminal y ojalá que al decir esto estuviese olvidando algún sector jurídico, algo de lo “atado y bien atado” por el franquismo –grande o pequeño– que sí que fuese “anulado”, aunque mucho me temo que no es así y que el balance es absolutamente desolador…

Por eso y, siguiendo con la conocida metáfora, en el caso español más que en un “Derecho Gamberro” me parece más ajustado decir que tenemos una suerte de “Derecho Zombie”, muerto viviente, aplicado por una alta judicatura que como no fue removida y prejubilada en su día, por franquista y antidemocrática, tampoco le va a la zaga y claro, los años no pasan en balde… pero vamos, conste que a lo que yo me refiero es a una cosa artificiosamente no-muerta y putrefacta, pero de modo sosegado, en plan clásico de George A Romero, que no estilo “71 años después” más difícil de imaginar, corriendo por los pasillos de nuestro Tribunal Supremo, rabiosos y a lo loco…y sí, ya sé que esto son temas muy serios pero con tanta tropelía pónganse en mi lugar, me acojo a su indulgencia con la humorada. El hecho es que el problema sigue siendo que dentro de nuestro ordenamiento aún se continúa reconociendo una impropia validez jurídica –impropia de un verdadero Estado Democrático de Derecho– a actos, nombramientos, resoluciones de una banda criminal que se apoderó de las instituciones del Estado…que constituyen un auténtico corpus de tejido jurídico zombie y necrosado y que ya va siendo hora de extirpar mediante la cirugía de la nulidad y de un pleno Estado de Derecho que atienda plenamente a los derechos humanos.

“Lo que no se puede explicar”. La ley de la memoria entre el PSOE de Ferraz y el PSOE de las Fosas

Article d’opinió a elplural.com de Miguel Ángel Rodríguez, investigador de Dret penal internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha.

¿A qué PSOE se referiría Pablo Iglesias con aquello de ser militante socialista para llevar el ideal de justicia a todas partes? ¿A un PSOE oficialista que le copia valientemente las leyes a Franco y engaña a nuestro propio país sobre cuál es el alcance real de los derechos humanos de sus ciudadanos – bastante más allá de una subvención – en caso de “desaparición forzada” de un familiar, o al PSOE que defendió nuestra República contra nazis, franquistas y fascistas y que aún está tirado en esas mismas cunetas?

Accediu aquí al text complet.

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