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Estrena del documental “El Retratista”, de Sergi Bernal i Alberto Bougleux, a Barcelona. Us hi esperem!

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Presentació oficial de El Retratista, documental que mostra la vida del mestre Antoni Benaiges, realitzat entre 2011 i 2013  gràcies a una campanya Verkami amb la participació de 184 micro-mecenes i rodat entre Catalunya, les fosses comunes del nord de Burgos, Espanya i Mèxic. Aprofitaran l’ocasió per repartir les recompenses…i per descomptat: entrada lliure per als mecenes! Us hi esperem!!
Projecció: Cines Girona, c/Girona 175, M Verdaguer, Barcelona, 19,30h
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Presentación oficial en cines de El Retratista,  documental sobre el maestro Antoni Benaiges, realizado entre 2011 y 2013 gracias a una campaña Verkami con la participación de 184 micro-mecenas y rodado entre Catalunya, las fosas comunes del norte de España y  México. En esa ocasión se repartirán las recompensas… y por supuesto: entrada libre para los mecenas! Os esperamos!!
Proyección: Cines Girona, c/Girona 175, M Verdaguer, Barcelona, 19,30h

Anuncis

Contra la impunidad, memoria, verdad y justicia. Plaça del Diamant de Barcelona, 24 de marzo de 2011

Hace 35 años un 24 de marzo de 1.976 un golpe de estado cívico-militar, tomó el poder en Argentina. Dando comienzo así a un plan sistemático de exterminio sobre la población; con el objetivo de someter a la sociedad e imponer el modelo económico neoliberal. Utilizando para este fin la herramienta del terrorismo de estado.

Siete años de dictadura, con mas de 300 centros clandestinos dejaron como saldo 30 mil desaparecidos, más de 500 niños apropiados por los asesinos de sus padres, incontables presos políticos, exiliados y desocupados además de toda una sociedad silenciada y atemorizada.

Los asesinos no nos han vencido.

Jorge Rafael Videla es quizás el hombre que sintetiza el horror en la Argentina moderna. Tirano entre 1976 y 1981, es el responsable político y militar de los 30 mil desaparecidos, de los centros clandestinos de detención, y miles y miles de sesiones de torturas, de miles de violaciones, de saqueos, de asesinatos. Fue el responsable de que los argentinos no fuéramos libres, sino esclavos y presos en nuestro propio país. Y fue, claro, la cabeza de la implantación del modelo económico liberal de José Martínez de Hoz que achicó el Estado, sextuplicó la deuda externa y produjo una feroz concentración de la riqueza y un empobrecimiento generalizado de los sectores populares. Porque Videla no fue sólo el horror, fue la cara visible de una Argentina despótica que recién ahora está siendo sepultada por la justicia. Fue el rostro de un plan político, militar, económico, cultural y social dirigido a domesticar y disciplinar a los ciudadanos. Por eso, que el 22 de diciembre del 2010 haya sido condenado a cadena perpetua en carcel comun y efectiva es el paso más importante que se haya dado en la materia después del juicio a las juntas. Y consiste en un mensaje inequívoco para la sociedad: El que quiebra el orden constiucional, el que mata, el que tortura, el que viola, tarde o temprano, indultos mediante, pese a quien le pese, termina pagando sus culpas. Esa es una lección que deberían aprender todos los golpistas: los de ayer, los de hoy y los de mañana.

Gracias a la lucha contra la impunidad de las Madres y Abuelas de la plaza de mayo, los sobrevivientes de los campos de exterminio, H.i.j.o.s. , los familiares y organismos de derechos humanos. Podemos decir con orgullo que los criminales genocidas están siendo juzgados y condenados, que más de 100 de esos niños apropiados han podido recuperar su identidad, que estamos transformando los campos de concentración en centros para la promoción de los derechos humanos y que nuestra lucha no se acabará hasta que todos los responsables hayan sido juzgados y todos nuestros hermanos apropiados hayan recuperado su identidad robada.

Este 24 de marzo los invitamos a acompañarnos. En una nueva reafirmación de nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad allí donde estemos, en la reafirmación de la búsqueda de verdad y justicia. Porque ningún pueblo puede permitirse perder la memoria sin arriesgarse a repetir sus errores del pasado.

¡ Contra la impunidad, memoria, verdad y justicia!

 

Convocatoria en Barcelona: Plaça del Diamant en el barrio de Gracia metro Fontana.

 

Programa:

A partir de las 12 h. habrá juegos y actividades.

18 h. proyección de cortos documentales

19:30 h. Intervención de Antonio Doñate, magistrado jubidado y ex profesor de la Escola Judicial, entre otros

 

Organizado por H.I.J.O.S. Barcelona y la Plataforma contra la impunitat, con la colaboración de Fil Roig.

“Una investigación pendiente”, article de Carlos Jiménez Villarejo a Público

Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigación histórica promovido por la Cátedra Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El título es Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de represión) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Histórico Nacional, las “actividades de información e investigación” (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta información –particularmente los “expedientes policiales”– refleje la intensa y sistemática actuación represiva de la Brigada Político-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la oposición democrática. Representaba, además de otros cuerpos policiales, la institucionalización de la represión bajo la dirección política de los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los servicios de información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad militar o al Tribunal de Orden Público, detenciones arbitrarias e indefinidas en comisarías o centros de detención habilitados –sin poner al detenido a disposición judicial–, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. La intensidad de su actividad la reflejan los 15.202 presos políticos que había en España a principios de 1961. Su actuación fue denunciada en su día por Justicia Democrática, haciendo constar la presencia de un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”, la persistencia de “torturas policiales en régimen de expresa impunidad” y que “las brigadas político-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicción ordinaria no especializada eran algo así como oficinas de homologación y aprobación automática de sus iniciativas investigatorias”.

Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009, manifestó que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de Interior se referían al periodo 1975-1977. El estudio exigirá acceder a los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aquí es donde surgen las dudas sobre la conservación y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuación represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido, durante la Transición ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que habían cometido y siguieron cometiendo hasta el final del régimen, con el propósito de garantizar su impunidad. Así lo reconoció el gobernador civil de Barcelona Salvador Sánchez Terán cuando justificó la destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque “olían a un pasado remoto”. Será difícil determinar el alcance de dicha destrucción. En el Informe sobre Archivos de la Comisión Interministerial constituida en 2004 se dice que “ni la contienda en sí, ni la Transición a la democracia, produjeron una destrucción masiva de documentación”.

No es este el criterio del profesor Reig Tàpia, quien sostiene que “desde fechas anteriores a las últimas elecciones generales previniendo lo que parecía una inevitable victoria socialista, desaparecieron de los archivos policiales cantidades ingentes de documentos”. Pero, ciertamente, destrucción hubo. Buena prueba de ello es que recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del ministro del Interior, ante la reclamación de un ciudadano, tras un largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo, le ha contestado: “Hay que tener en cuenta que con la promulgación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc”. Respuesta, entre otras muchas razones, que justifica la investigación que se pretende, pero que expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno cuando en el Informe de la Comisión Interministerial, previo a la Ley de la Memoria Histórica, afirmaba “la absoluta primacía de los archivos como fuente de conocimiento del pasado histórico, no solamente para los historiadores, sino también para las personas interesadas en conocer situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares”. Y, en segundo lugar, porque es una muestra más del incumplimiento de dicha ley cuando se garantiza a los ciudadanos “el derecho de acceso a los fondos documentales” depositados en los archivos públicos.

Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor Tomás y Valiente: “El derecho de todos a una información veraz no es sólo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que un derecho individual de cada español, es un derecho fundamental…”. Y reclamaba su plena satisfacción de manera generosa frente a una interpretación tan restrictiva que representara su denegación.

Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal Anticorrupción

Podeu accedir a l’article, publicat el 5 de setembre al diari Público, en el següent enllaç.

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