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“Un juicio al Tribunal Supremo” Carlos Jiménez Villarejo a El País, 23 de febrer de 2011

Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la justicia argentina acerca de “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y el secuestro de niños.

Este organismo ya ha errado al impedir investigar los crímenes de Franco y procesar en su lugar a Garzón

El TS deniega justicia y quebranta el derecho internacional

El TS debe saber que cuando inicie el juicio al juez Garzón, la conducta del propio TS también será sometida a juicio por los ciudadanos y la sociedad democrática. El pueblo le exigirá que obre con auténtica independencia -al margen de cualquier forma de jerarquización y corporativismo-, con imparcialidad -ya puesta en duda por uno de los jueces de propio Tribunal-, con buena fe, con fiabilidad y con acierto; porque todo ello está en duda desde que en abril de 2009 comenzó el proceso. Y de modo acorde con la Constitución y los valores democráticos, lo que en este caso representa, frente a lo que no han hecho hasta ahora, la rigurosa aplicación de los tratados internacionales respecto de los Crímenes contra la Humanidad.

El TS debe saber que estará bajo la mirada muda, doliente y desesperanzada de los familiares de las víctimas de la dictadura y de estas mismas. La mirada, entre otras, de los familiares de las 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, murieron, la mayor parte de ellas fusiladas, en las cárceles entre 1939 y 1944; de los 1.717 fusilados en el Camp de la Bota de Barcelona entre 1939 y 1952, o de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. Familiares y víctimas que contemplan, incrédulas, la total impunidad del pasado totalitario de España mientras desde otro país nos piden cuentas.

Y todos los ciudadanos que van a observar y valorar al TS durante el juicio al juez Garzón no olvidan que, objetivamente, el juez Varela y el TS han tomado posiciones, manifiestamente erróneas, para impedir la persecución del genocidio franquista y justificar así la persecución del juez Garzón.

Así lo acredita el reiterado rechazo a la perseguibilidad de dicho genocidio, consecuencia de la oposición por el TS a admitir los conceptos básicos que sustentan el Derecho Penal Internacional y justifican la persecución de dichos crímenes. Conceptos ya existentes en la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1907 y que, tras la derrota del nazismo, estuvieron presentes en el Estatuto del Tribunal de Núremberg, en el Convenio de Roma de 1950 y en los Pactos de Nueva York de 1966, que obligan a su persecución si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

La dictadura franquista, intentando aproximarse a la comunidad internacional, asumió algunos de estos Principios incumpliéndolos reiteradamente. El dictador, en 1952, ratificó los Convenios de Ginebra de 1948 sobre la protección de prisioneros y civiles durante los conflictos armados, nacionales e internacionales, que prohibían “las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados” (BOE de 26/8, 2/9 y 5/9 de 1952).

El juicio popular al TS tiene diversos fundamentos. Primero y principal, la decisión de admitir a trámite la querella de la organización ultraderechista Manos Limpias, que atribuía al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación, resolución que, según un organismo del Memorial Democratic de Catalunya, expresaba que aún pervivían en el TS “decisiones marcadas por un sesgo ideológico franquista” y “generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del alto tribunal”.

Y porque el TS ha quebrantado el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas, ha reforzado la impunidad de dichas conductas y ha incumplido el deber de todo tribunal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada a la gravedad de los delitos que se cometieron contra ellas y sus familiares.

El proceso penal contra el juez Garzón expresa, asimismo, la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, además, de un preocupante posicionamiento del Poder Judicial dentro de la “lógica de los Estados”, “la lógica hobbesiana del poder”, frente a la “lógica de las víctimas”, abriendo una gran brecha en la confianza de los ciudadanos en los jueces que deberían tutelar y amparar sus derechos.

El transcurso del tiempo ha acrecentado la gravedad del problema que motivó las denuncias a finales de 2006. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Y, según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, del Ministerio de Justicia, actualmente existen 1.097 fosas pendientes de actuación.

Ante esta terrible realidad, las “Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en una democracia” (Reyes Mate). Y es por ello que el proceso contra el juez Garzón debe ser analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente política de exterminio, así definida por ellos mismos.

En consecuencia, como dijeron tres magistrados de la Audiencia Nacional, “la investigación a la que tienen derecho las víctimas según el derecho internacional, ha sido clausurada”.

Ello se ha traducido en una constante denegación de justicia, y de vulneración por el TS de los derechos constitucionales de las víctimas a la jurisdicción, a un proceso debido y a la tutela judicial. No ha habido víctimas más maltratadas, más olvidadas, más “invisibilizadas”.

Así lo expresa el rechazo del TS a las pretensiones procesales de dichas asociaciones, rechazo que tiene su máxima expresión cuando les reprocha de forma ofensiva “un manifiesto abuso de derecho”, exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo”. ¡Qué muestra de arrogancia, que contrasta con la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho proceso!

Ante esta dramática situación, esperamos, pese a todo, que la sentencia respecto del juez Garzón sea la constatación de que, como dijo el jurista Ferrajoli, es verdad que: “¡Hay jueces en Berlín!”, en el sentido de que “debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas y para tutelar los derechos de un individuo”, en este caso de dicho juez. Y que la sociedad pueda emitir al fin y al cabo un veredicto favorable al TS.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción

Vegeu l’article publicat a El País.

“Treinta y cinco años sin Franco” Julián Casanova a El País, 19 de novembre de 2010

A las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, unas horas después de que se anunciara oficialmente su muerte, Carlos Arias Navarro leyó en público el testamento político de Francisco Franco, un “hijo fiel de la Iglesia” que solo había tenido por enemigos a “aquellos que lo fueron de España”.

El domingo 23, en el funeral de Estado, Marcelo González Martín, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, recordó el deber de conservar “la civilización cristiana, a la que quiso servir Franco, y sin la cual la libertad es una quimera”. Esa misma tarde, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa abierta para el caudillo en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Así murió Franco.

Su legado y el de la larga dictadura que presidió no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre historiadores y de encontradas opiniones entre la ciudadanía.

Franco buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos que, si eran solo los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de las numerosas personas que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida durante sus últimos 15 años en el poder.

Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida.

La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo.

Tras una compleja Transición, sembrada de conflictos y de obstáculos, la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las élites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX.

El reto de los españoles del siglo XXI ya no consiste en crear una democracia plena con igualdad de derechos y libertades, caballo de batalla, a veces sangriento, de algunas de las generaciones que nos precedieron, sino en seguir cambiando para mejorarla y reforzar la sociedad civil y la participación ciudadana.

Treinta y cinco años después de la muerte del último dictador de nuestra historia, la sociedad española ha podido dejar atrás algunos de los problemas fundamentales que más le habían preocupado en el pasado. Pero desde su tumba, Franco parece mostrar todavía el camino a seguir en otros no menos importantes.

El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación.

Y la jerarquía de la Iglesia católica, que ha logrado preservar con creces en la democracia la privilegiada situación que el franquismo le donó, protege con uñas y dientes sus finanzas y sus derechos adquiridos en la educación y discute, con el apoyo enérgico del Vaticano, cada palmo de territorio que el Estado quiere conquistar en el orden moral. Treinta y cinco años sin Franco y no tenemos una ley de libertad religiosa adaptada a la actual sociedad democrática plural y culturalmente diversa.

Asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender. Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas.

Y frente a esas historias todavía por descubrir, no puede dejarse de lado, abandonar o destruir, la memoria de los vencedores. Sus lugares de memoria son la mejor prueba del peso real que la unión entre la religión y el patriotismo tuvo en la dictadura.

No es posible renunciar al objetivo de saber, a que coexistan memorias y tradiciones diferentes. Pero para eso, antes, hay que remover los obstáculos que impiden rescatar de las cunetas y de las fosas perdidas a las víctimas de tanta tortura y asesinato. Treinta y cinco años después de la muerte de su principal responsable.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Vegeu l’article a El País.

Antígona, Manuel Vicent. El País, 31 d’octubre de 2010

Es muy dulce el sol de las ánimas. El día primero de noviembre la gente lleva al cementerio las flores carnosas de los pensamientos, pero debajo de esa luz suave que ilumina la memoria de los muertos, en España sigue vigente el mito de Antígona. Es todavía nuestra tragedia. Durante setenta años, desde el final de la Guerra Civil, decenas de miles de españoles están enterrados en cunetas y barrancos. Fueron vencidos, humillados, ejecutados y hacinados en fosas comunes. Todo el suelo de la patria está fermentado de cadáveres que aún siguen gritando como lo hicieron un segundo antes de recibir una descarga de plomo. Es el mismo grito, son las mismas lágrimas. Antígona sacrificó su vida por dar honrada sepultura a su hermano para que su alma no vagara sobre la tierra en busca de venganza sin encontrar reposo. Desde entonces existe la creencia de que es imposible la paz entre los vivos mientras no estén sosegados todos los muertos. El rito funerario está unido al primer acto de piedad que sintió el homínido, hace 130.000 años, y fue la señal de que el germen de la conciencia se había implantado en su cerebro. Este hecho religioso coincidió con la fabricación de la primera hacha de sílex, que sirvió para matar. Más allá de la Guerra Civil y de la política de uno u otro bando, el que después de treinta años de democracia y de libertad haya decenas de miles de cadáveres en sepulturas innominadas supone la degradación más evidente de una conciencia colectiva. Puede que las almas, cuando abandonan los cuerpos, vayan a formar parte de la energía universal y constituyan el espíritu de la materia o puede que se disuelvan en la nada, pero aquellas que un día animaron los despojos de los vencidos en la Guerra Civil están todavía presentes en la vida política alimentado odios y resentimientos, y también una piedad que viene de la noche de los tiempos. Durante millones de años los cadáveres quedaron a merced de las alimañas sobre la piel de la tierra. Hubo un momento en que un primate se dio cuenta de que eso mismo que hacían los buitres con las vísceras de otro, un día lo harían con las propias entrañas y decidió el primer enterramiento sagrado. Es muy cruel que familias españolas deban asimilar todavía las flores para sus muertos a un recuerdo envenenado.

Publicat a la contraportada de El País de diumenge 31 d’octubre de 2o1o, accediu aquí a l’article.

“La justicia es lenta; la injusticia, rápida” article d’opinió de Cristina Almeida a El País

En España la justicia es lenta. Es lenta para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Es lento el Tribunal Supremo para resolver recursos. Es superlento el Constitucional para renovarse, gracias a que su situación actual aprovecha a determinados partidos políticos, y es provocadoramente lento para resolver un recurso por encima de voluntades autonómicas, acuerdos parlamentarios o referendos ciudadanos. Es lenta, sí, y eso ya no es justicia.

Pero estoy asombrada de la rapidez que tiene cuando quiere realizar injusticias o perpetrar atropellos jurídicos. Me imagino al magistrado Luciano Varela trabajando mañana, tarde y noche para resolver en un solo día más de cinco recursos, y en algún caso, sobre todo cuando se quiere defender a sí mismo, con muchísimos folios. Todo ello con una finalidad: que llegue al Consejo del Poder Judicial un auto apresurado, pero suficiente para él, por la finalidad que persigue, en el que inicia el juicio oral contra Baltasar Garzón. Un Garzón al que, por supuesto, Varela le ha denegado todas sus pruebas, al tiempo que se las ha admitido al seudosindicato Manos ¿qué?, al que, además, cual maestro ejemplar, le ha dictado, a su gusto, un escrito de acusación. El que supuestamente era el juez, con sus lecciones magistrales a Manos ¿qué?, se ha convertido de hecho en el único acusador de Garzón. Y todo ello en 24 horas. ¿Habéis conocido alguna vez, ciudadanos, profesionales del Derecho, tal rapidez?

Y en cuanto al Consejo del Poder Judicial, ¿habéis observado la celeridad sorprendente de que en dos días se convoquen las reuniones necesarias para poder suspender al juez Baltasar Garzón, y esta se acuerde con presteza y unanimidad? La consumación de la injusticia fue rápida, en dos horas despacharon el tema y, acto seguido, llamaron por teléfono a Garzón para decirle que estaba suspendido en sus funciones y que tenía que dejar la Audiencia Nacional. Y ahí se terminaron las prisas. Misión cumplida: el juez Garzón había sido humillado.

Se rechazó incluso la posibilidad de dar una salida digna, por temporal que fuera, al asunto accediendo previamente a que Garzón se fuera en comisión de servicios a La Haya. Esto ya no tenía tanta prisa y se vería después. Porque somos mayoría los que tenemos la seguridad de que, en algún momento, nuestros tribunales verán la razón y desmontarán toda esta trama de envidias, rencillas y disparates jurídicos que estamos viviendo, y de que, si llega a ser juzgado, Garzón será absuelto.

[…]

Podeu accedir al text complet a El País del 22 de maig de 2010.

Restes humanes de la batalla de l’Ebre

“Cientos de cadáveres de la Batalla del Ebro permanecen a la intemperie”. Notícia als informatius de Tele 5 de setembre del 2008.

Més d’un any i mig després la situació no ha canviat gaire, per bé que els veïns han entregat unes 600 restes, d’aproximadament 63 soldats republicans.

Ahir 30 d’abril de 2010 s’ha publicat a El País un article sobre els centenars de cadàvers de la Batalla de l’Ebre que jauen abandonats garirebé a la superfície. “Restos humanos de la batalla del Ebro”. Malgrat Catalunya ha estat pionera en legislar la recerca i localització de persones desaparegudes i la dignificació, senyalització i exhumació de fosses comunes de la Guerra Civil. La Generalitat assumeix la responsabilitat i s’estan exhumant i classificant però es tornen a enterrar per si hi hagués la possibilitat d’identificar-los, cosa que es podria solucionar simplement amb un banc de dades genètiques, tal com existeix a Argentina des de l’any 1987.

¿Com es possible que hi hagi aquest abandó de restes mortals dels combatents republicans a l’Ebre, prohibit taxativament per la Convenció de Ginebra? El Govern ha de deixar de donar aquest tracte inhumà als desapareguts.

En aquest sentit l’article 8 del segon Protocol a la Convenció de Ginebra, ratificat per Espanya fa més de 20 anys, a l’abril de 1989, senyala expressament:

Article 8. Cerca

Sempre que les circumstàncies ho permetin, i en particular després d’un combat, es prendran sense demora totes les mesures possibles per a cercar i recollir als ferits, malalts i nàufrags amb la finalitat de protegir-los contra el pillatge i els maltractaments i assegurar-los l’assistència necessària, i per a cercar als morts, impedir que siguin despullats i donar un destí decorós a les seves restes.

Sembla impossible que aquestes persones es trobin així i siguin recollits com a souvenir pels excursionistes, però lamentablement no ho és.

A través del Consorci Memorial dels espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) s’ha creat una Oficina dels Desapareguts que facilitarals familiars de soldats desapareguts durant els combats de la batalla, encara que només a sol·licitut d’aquests la informació necessària, quan aquesta existeix, sobre la data de defunció i el lloc d’inhumació del cos.

Podeu accedir-hi en aquest enllaç: http://www.batallaebre.org/oficina_desapareguts.php

Reculls “El País a fondo”

Podeu estar al dia de les notícies al respecte de la recuperació de la memòria història i del jutge Baltasar Garzón publicades a El País als següents enllaços: 

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