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Presentació del llibre: “Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial”.

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Organitza: Comissió de la Memòria Històrica.

El dilluns dia 10 de desembre, a les 19 hores, a la 8a planta de la Seu del Col-legi d’Advocats de Barcelona, C/Mallorca, 283, Barcelona.

L’ Excm. Sr. Pedro Yúfera Sales, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, donarà la benvinguda a l’acte.
PRESENTACIÓ:
· Sr. Jose Maria Mena, Ex-Fiscal superior de Catalunya
· Sr. Josep Fontana, Catedràtic Emèrit de la Universitat Pompeu Fabra
PONENTS:
· Sr. Carlos Jimenez Villarejo, coautor del llibre
· Sr. Antonio Doñate Martín, coautor del llibre
MODERA: · Sr. Antonio Martín Martín. Membre de la Comissió de la Memòria Històrica

 

Desenterrant el silenci, inauguració de l’exposició de Sergi Bernal. Mataró, 9 de setembre de 2011

El proper divendres 9 de setembre, a les 20 h., tindrà lloc l’acte d’inauguració de l’exposició “Desenterrant el silenci: Antoni Benaiges, un mestre català a una fossa de Burgos” al Casal de barri Les Esmandies (Ronda O’Donnell, 94 de Mataró).

Exposició Sergi Bernal Mataró setembre 2011

“Desenterrant el silenci “ és un projecte fotogràfic del fotògraf documental i de viatges Sergi Bernal que comença a cobrar vida el juny de 2010, després que el georadar del Grup de Ciències Aranzadi localitzés uns casquets de bala i unes restes humanes en una zona de les Muntanyes de la Pedraja, a Burgos.

Es tracta d’una fossa comuna que ha estat amagada durant 74 anys, els familiars i alguns veïns sabien que en aquell lloc hi havia centenars d’assassinats pel feixisme, assassinats per ser persones reinvindicatives, d’esquerres, sindicalistes, republicans…

Entre ells hi havia un mestre, un mestre català, Antoni Benaiges, fundador de l’escola del petit poble burgalès de Bañuelos de Bureba. El 25 de juliol del 36 va ser assassinat i enterrat a La Pedraja pels seguidors del cop feixista que va posar en el poder al general Franco, allà es va quedar oblidat durant massa temps, ara s’exhuma aquesta fossa comuna i al seu costat s’hi han trobat 104 represaliats més.

Aquesta història intenta rescatar una vella memòria, una veritat amagada per la por i per les represàlies és la història d’Antonio Benaiges, mestre, però també les d’en Rafael, en Segundo, en Damián, en Plácido, n’Andrés i de tants d’altres abandonats a les cunetes de les carreteres i que esperen ser recuperats pels seus familiars abans que morin tots aquells que els van conèixer.

Més informació a http://www.obtura.org/sergi-bernal-desenterrando-el-silencio/.

“Las víctimas del franquismo, víctimas además de denegación de justicia”; por Antonio Doñate Martin y Carlos Jiménez Villarejo

Ponències presentades en el marc del cicle de xerrades “A propòsit de Garzón, el futur de les víctimes del franquisme“ impartides per Carlos Jiménez Villarejo el 28 de juny de 2010 al Pati Llimona (Barcelona) i per Antonio Doñate Martin el 7 de juliol de 2010 a l’Espai Cultural Kursaal (Montcada i Reixac) sota el títol “Las víctimas del franquismo, víctimas además de denegación de justicia”.

“A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

  • Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos. Es cierto que en la época de la Guerra Civil y de la inmediata postguerra, estos derechos y su obligatoria observancia, respeto y protección por parte de todos los Estados no estaban en general codificados, o lo estaban en menor medida (por ejemplo, la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 (Convención IV), que obligaba a actuar con arreglo “a los usos establecidos entre naciones civilizadas, las leyes de la Humanidad y las exigencias de la conciencia pública”, los Convenios de Ginebra de 1929, etc.); sin embargo formaban parte del Derecho Internacional consuetudinario y eran de general aplicación y obligado cumplimiento para toda la Humanidad. Así lo puso de manifiesto años después, en 1945, el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que estableció responsabilidades penales personales de los máximos responsables nazis, y que en su art. 6, estableció como Crímenes de Guerra (B): las violaciones a las leyes y usos de guerra, tales como asesinatos, malos tratos, etc., contra población civil o prisioneros de guerra, ejecuciones de rehenes; y como Crímenes contra la Humanidad (C): al asesinato, exterminio, otros actos inhumanos cometidos contra la población civil durante la guerra o fuera de ella, persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, etc. […]

Desde estos precedentes, debe entenderse que los jueces españoles y el TS no han hecho aplicación de Tratados internacionales ratificados por España que, por tanto, son parte del ordenamiento jurídico.

2.-Las denuncias ante la Audiencia Nacional (AN)

Conviene recordar cuales fueron los hechos denunciados ante la AN en Diciembre de 2006:

“1.- Queremos resaltar la importancia histórica del caso: los hechos a que se refiere este sumario son constitutivos de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. Esa calificación procede del Derecho Internacional Penal y se ha recibido en nuestra legislación interna. Posiblemente estemos abordando los hechos con relevancia penal más graves –por su intensidad y su extensión- que se han presentado ante la jurisdicción española. Según se relata en los dos autos del Juez Central de Instrucción n. 5, de 16.10.2008 y 18.11.2008, hablamos de más de cien mil personas desaparecidas. Respecto a muchos de ellos, sus familiares o próximos saben por testimonios de referencia que fueron asesinados y enterrados (indignamente) en ciertos parajes, pero sobre otros miles de esas personas se ignora su suerte, cómo, cuándo y si fueron asesinados, dónde fueron ocultados sus cuerpos. Además, 30.000 niños fueron secuestrados a sus madres en los establecimientos carcelarios del nuevo estado o sustraídos de las instituciones donde habían sido asilados –fuera de España- por sus padres para protegerlos de la guerra, a esos niños se les alteró el estado civil para ocultar su verdadera filiación. Unos y otros son hechos en permanente estado de consumación según el derecho internacional y el derecho interno. Esas circunstancias obligan a los Tribunales a respetar profundamente a las víctimas en un esfuerzo de humanidad compartida que pueda restaurarles, en la medida de lo posible, su dignidad, tantas veces denegada hasta ahora”. (Así se describían en el Voto particular discrepante de tres magistrados en el Auto de 2/12/2008 del Pleno de la Audiencia Nacional, que privó de competencia para seguir conociendo de los hechos al Juzgado Central nº 5).

Mas adelante, dichos magistrados reconocían que “Los hechos que configuran el objeto de la investigación, la violación sistemática de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad, entre otros, de los defensores de la legalidad republicana pueden subsumirse en el delito contra la humanidad de persecución”, que forma y formaba parte del derecho internacional, como así se recoge expresamente en todos los instrumentos relevantes de derecho penal internacional desde Nuremberg (art. 6-c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, art. II.1-c de la ley 10 del Consejo del Control Aliado, art. 5-c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, art. 5-h del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y art. 3-h del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda).  […]

En consecuencia, eran hechos imprescriptibles de acuerdo con el Derecho Internacional. El Convenio de Roma de 1950 proclamaba que la irretroactividad de la ley penal es inaplicable cuando “la acción u omisión, en el momento de ser cometida, constituía un crimen según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”(Art. 7.2); y, en igual sentido, se pronunciaban los Pactos de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, vigentes en España desde el 30/4/1977: nada se opone a la persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente cuando se aprobó la Ley de Amnistía 46/1977.

Además, respecto de las desapariciones forzadas, ya estaba vigente, cuando se producen las primeras denuncias, la Resolución ya citada de la ONU que establecía obligaciones específicas para los Estados como las siguientes:

• el derecho a obtener una “satisfacción”, que ha de incluir (art. 22), cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad,

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas

y h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.

Preceptos que han sido mas desarrollados en la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009. Tratado donde se reitera que dicha conducta “no será considerado delito político” ni conexo ni inspirado por este (Art.13.1) y se establece que el plazo de prescripción “se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito” (Art. 8.1 a).

Y fija obligaciones para los Estados en orden a garantizar a las víctimas “el derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción” (Art. 8.2). […]

El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. […]

3.-Las puertas de los tribunales españoles continúan cerradas para investigar los crímenes de la dictadura.

Ello se traduce en denegación de justicia, negación del derecho al acceso a la jurisdicción, a un proceso debido y así sucesivamente, según exige el Art. 24 de la Constitución. No ha habido víctimas más maltratadas, más olvidadas, mas “invisibilizadas”, por emplear el término de Reyes Mate. […]

Es alarmante para el Estado democrático de Derecho que las víctimas de la dictadura fascista impuesta por el General Franco continúen sin ser atendidas y amparadas por los tribunales. Es decir, todas las personas que, dentro de un plan sistemático de exterminio, fueron objeto de detenciones ilegales, seguidas o no de desapariciones, privación de libertad, con o sin juicio previo, torturas, eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, bien a través de la aplicación generalizada de la pena de muerte o ejecuciones sumarias, además del desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del territorio nacional”, mas las distintas formas de incautación de bienes, sanciones económicas y confiscaciones y toda clase de humillaciones públicas.

[…]

4.-Unas víctimas singulares, los desaparecidos y sus familiares

Cuando el Juez Central nº 5 dicta el Auto de 28/12/2008 acordando las inhibiciones a los distintos Juzgados de Instrucción de España, ya eran cincuenta y cuatro las partes personadas en la causa en calidad de víctimas– perjudicados por los crímenes fascistas de la dictadura.

La respuesta judicial no ha podido ser más desalentadora. Así se reflejaba en la Diligencia extendida por el Juzgado Central nº 5 (Ver Anexo), en la se constata el rechazo de los jueces no solo a la investigación sino a la apertura de las fosas, aplicando en algún caso los criterios del Juez Varela expresados en el Auto de 3/2/2010 de imputación del Juez Garzon. Así pues, se ha agudizado el desamparo de las víctimas.

5.-Una victimización secundaria, el rechazo del TS a que comparezcan como perjudicados civiles en el proceso contra el Juez Garzón.

Cuando las víctimas han pretendido comparecer como perjudicados civiles en el proceso penal contra el Juez Garzón, en aplicación de los Arts. 100 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el ejercicio de acciones civiles, el Tribunal Supremo ha rechazado sus pretensiones cerrándoles el acceso al proceso. Con resoluciones carentes de un fundamento riguroso y hasta de motivación e, incluso, reprochándoles de forma ofensiva  “un manifiesto abuso de derecho” y exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo” (Providencias de 18 de Mayo de 2010,en relación a otra de 8 de Junio de 2009). ¡Qué muestra, radicalmente incompatible con la actitud de un servidor público, de envanecida soberbia. En contraste con la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho proceso!

[…]

Podeu accedir al text complet al següent enllaç.

“Demanda de justícia i reparació per a les víctimes del franquisme”, article a La Veu

“És qüestió de voluntat política que els tres poders de l’Estat, el legislatiu, l’executiu i el judicial actuïn per esbrinar la veritat, es faci justícia i es repari l’honor de les víctimes del franquisme”. Amb aquesta contundència es va expressar l’exmagistrat i exprofessor de l’Escola judicial Antonio Doñate en el decurs de la xerrada ‘A propòsit de Garzón, el futur de les víctimes del franquisme’ organitzada dimecres al Kursaal per l’AV de Can Sant Joan i la Plataforma contra la impunitat. A l’acte també van intervenir Teresa Duerto, fiscal de la Fiscalia Provincial de Catalunya, i Juan Ramón Iborra, periodista i escriptor.

La Plataforma ha fet diferents xerrades informatives arreu del país en suport al jutge Garzón i reivindicant el dret d’investigar els crims comesos durant el franquisme. El col·lectiu defensa l’actuació del jutge de l’Audiència Nacional actualment suspès per presumpte prevaricació. Segons ha explicat Duerto, Garzón no ha comès el delicte del qual se l’acusa. “Prevaricar és dictar una resolució injusta sense atendre a criteris jurídics i Garzón ha argumentat amb jurisprudència i amb el criteris d’altres juristes la tramitació de les denúncies d’entitats i particulars sobre crims del franquisme d’acord amb el que diu la ‘Ley de enjuiciamento criminal’ vigent”.

[…]

Els tres ponents han coincidit a dir que la transició va tancar en fals les ferides del conflicte bèl·lic, que la llei de la memòria històrica del 2007 “més que fer justícia fa beneficiència” i que cal fer un pas endavant perquè les víctimes i els seus descendents puguin acabar amb el patiment que encara tenen pel fet de no haver pogut saber el destí dels seus familiars. “No és cert que darrera d’aquesta demanda hi hagi l’objectiu de venjança com diuen grups interessats, només hi ha el desig de justícia i reparació”, ha puntualitzat Iborra.

[…]

Article de Pilar Abián publicat a La Veu, el 7 de juliol de 2010, sobre l’acte organitzat per la Plataforma contra la impunitat i  AV de Can Sant Joan al Kursaal de Montcada i Reixac. Podeu accedir al text complet clicant aquí.

A propòsit de Garzón, el futur de les víctimes del franquisme. Montcada i Reixac, 7 de juliol

La Plataforma, en el marc  del cicle de xerrades “A propòsit de Garzón, el futur de les víctimes del franquisme“, organitza conjuntament amb l’Associació de Veïns Can Sant Joan el proper dimecres 7 de juliol de 2010, a les 18 h. a l’Espai Cultural Kursaal (c/ Masia 39, Montcada i Reixac) un col·loqui per a tractar la iniqua actuació de la justícia amb les víctimes del franquisme.

La impunitat dels greus crims del franquisme, com les desaparicions forçades i els segrests massius de menors, és una forma d’encobriment que arriba a la nostra democràcia. Per això, la persecució penal del Jutge Garzón té un efecte fonamental, incrementa el desemparament, definitiu?, de les víctimes i la denegació de justícia. Fets que obliguen a mantenir obert el debat en una societat que pretén conciliar oblit i silenci d’aquella terrible realitat amb valors democràtics.

Intervenen en l’acte:
Antonio Doñate, magistrat jubilat i exprofessor de l’Escola Judicial
Juan Ramón Iborra, periodista i escriptor
Teresa Duerto, fiscal de la Fiscalía del TS de Catalunya

“Els joves, contra la impunitat”, article al diari Público

El col.lectiu rellança les movilitzacions de les associacions contra el franquisme

GLÒRIA AYUSO BARCELONA 25/05/2010 08:20

Recuperar la memòria històrica i reivindicar el dret de trobar els cossos de familiars afusellats i enterrats en fosses comunes durant la Guerra Civil i la dictadura és una lluita que fa molts anys porten a terme desenes d’associacions d’arreu de Catalunya. La sorpresa davant l’obertura del Tribunal Suprem d’un procés penal contra el jutge Baltasar Garzón per voler investigar els crims del franquisme ha fet reaccionar ara els joves, que estan reprenent les mobilitzacions amb el mateix objectiu: fer justícia.

L’Associació d’Estudiants Progressistes de la Universitat de Barcelona celebra avui a la Facultat de Dret una jornada que se centrarà a analitzar l’ordre del magistrat del Tribunal Suprem Luciano Varela d’obrir judici oral contra Garzón. A l’acte parlaran el magistrat i professor de l’Escola Judicial Antonio Doñate, que va ser observador en el procés contra l’expresident del Perú Alberto Fujimori, també per crims contra la humanitat. El professor de dret internacional David Bondia se centrarà en els motius que envolten la causa oberta per Varela.

L’acte serà també la presentació oficial de la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme, de la qual formen part ciutadans anònims que s’han organitzat a través de Facebook. La nova associació, que va convocar les protestes del passat 24 d’abril, preveu celebrar actes que aglutinin el malestar de la societat civil “davant la persecució dels qui persegueixen la veritat”, diu la portaveu de l’entitat, Sara Clavijo. “No som un club de fans de Garzón”, subratlla l’escriptora i membre de la plataforma, Carmen Domingo, “el que volem és que es faci justícia, i la justícia ens està demostrant que no respon a les expectatives”. Domingo explicarà els propers objetius de la plataforma: el primer serà un acte al Camp de la Bota, on es llegiran els noms dels 1717 afusellats. També es preveu organitzar dos concerts, un abans de l’estiu i un altre després.

La plataforma constata el “cansament de les associacions que des de fa temps lluiten” pel mateix motiu del que ara fa bandera la plataforma. “Han patit molt i els han maltractat. Ara veuen com grups de joves aprofitem el ressò mediàtic pel procés contra Garzón i potser ens miren amb un cert recel. Però hem vist com hi ha molts petits moviments que cal vehicular en un de més gran per donar-los més força i que no morin sense la repercussió que es mereix”, explica Domingo. La plataforma està en contacte amb l’organització homònima de Madrid i altres territorials de l’Estat.

L’exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, autor del manifest, Rosa Regàs, Gerard Quintana, Carme Samsa i Jordi Dauder són algunes de les cares més conegudes que s’han unit a la plataforma, on ja figuren moltes entitats de recuperació de la memòria històrica, partits polítics i sindicats. No hi és ERC, que “manté una posició contrària al jutge Baltasar Garzón per les detencions a nacionalistes del 1992”, explica l’entitat.

Podeu accedir a la notícia al diari Público del 25 maig de 2010.

Acte a la Facultat de Dret de la UB “Investigar els crims del franquisme no és delicte”

L’acte se celebrarà el dimarts 25 de maig de 2010 a les 12 h. a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Av. Diagonal, 684) sota el lema “Investigar els crims del franquisme no és delicte”.

El convoquen l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) i la Plataforma Contra la impunitat del franquisme, amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates,  i comptarà amb la participació de:
José Luis Gordillo, professor de Filosofia del Dret
Carmen Domingo, escriptora i col·laboradora en mitjans de comunicació
Antonio Doñate, magistrat i professor de l’Escola Judicial
David Bondia, professor de Dret Internacional i Director de l’IDHC

Per a intentar donar una millor explicació a la irracionalitat de l’enjudiciament del magistrat Baltasar Garzón, és necessari atendre una sèrie de qüestions jurídiques que determinen, per dir-ho d’alguna manera, la innocència del jutge. Ja han passat 35 anys des del final de la dictadura, temps suficient per plantejar-nos si realment és convenient, entre d’altres, que la Llei d’Amnistia de 1977 encara estigui en vigor, o que uns quants magistrats del Tribunal Suprem que mitjançant una interpretació de la legislació que afavoreix la impunitat dels crims del franquisme, puguin exercir i “ordenar” en la justícia d’un país democràtic i membre de la Unió Europea. Sovint es fa notar com està d’allunyat el Dret Internacional de la ment de molts jutges espanyols, i com en són de lluny els ciutadans de conèixer els seus drets com a éssers humans.

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