Arxiu de la categoria ‘ Carlos Jiménez Villarejo ’

Presentació del llibre: “Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial”.

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Organitza: Comissió de la Memòria Històrica.

El dilluns dia 10 de desembre, a les 19 hores, a la 8a planta de la Seu del Col-legi d’Advocats de Barcelona, C/Mallorca, 283, Barcelona.

L’ Excm. Sr. Pedro Yúfera Sales, Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, donarà la benvinguda a l’acte.
PRESENTACIÓ:
· Sr. Jose Maria Mena, Ex-Fiscal superior de Catalunya
· Sr. Josep Fontana, Catedràtic Emèrit de la Universitat Pompeu Fabra
PONENTS:
· Sr. Carlos Jimenez Villarejo, coautor del llibre
· Sr. Antonio Doñate Martín, coautor del llibre
MODERA: · Sr. Antonio Martín Martín. Membre de la Comissió de la Memòria Històrica

 

Anuncis

La memoria inexcusable: exposición fotográfica sobre las fosas del franquismo y mesa redonda de inauguración

Exhumando fosas, recuperando dignidades, proyecto fotográfico llevado a cabo por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
Del 7 de noviembre al 29 de diciembre de 2012 en la Casa Golferichs.

Se inaugurará la exposición con una Mesa Redonda el 7 de noviembre, a las 19h, en la que intervendrán:
– Carlos Jiménez Villarejo, ex-fiscal anticorrupción y miembro de la Plataforma contra la Impunitat.
– Manel Perona, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña.
– René Pacheco, arqueólogo director de las exhumaciones de la ARMH.

Casa Golferichs
Gran Via, 491
08015 Barcelona
<Metro> Urgell

Villarejo define a Franco: “Criminal de guerra y dictador sanguinario” (via Público)

El exfiscal jefe Anticorrupción presenta junto a IU una iniciativa para reforma la Ley de Memoria Histórica.

PÚBLICO.ES / EFE Madrid 06/06/2011 13:48 Actualizado: 06/06/2011 14:18

Si ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo tuviera que redactar la entrada sobre Francisco Franco en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia tendría muy clara la definición: “Lo llamaría criminal de guerra y dictador sanguinario, como mínimo, que fue lo que fue”.

Jiménez Villarejo, que ha participado en el Congreso de los Diputados junto con el portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, para presentar una iniciativa parlamentaria para reformar la Ley de Memoria Histórica, ha defendido que no puede haber equidistancia entre la legalidad de la democracia republicana o la actual monárquica y la “ilegalidad manifiesta” del franquismo y añadió que la “la memoria democrática es la memoria de las víctimas” de aquella dictadura.

La proposición de ley, impulsada conjuntamente por Llamazares y por la portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, aspira a que se declaren nulas de pleno derecho las sentencias del franquismo dictadas por motivos políticos y para que las adminitraciones públicas asuman las labores de localización e identificación de las víctimas del franquismo.

Durante su intervención, Jiménez Villarejo ha cargado  contra el Tribunal Supremo porque, cuando no existía la Ley de Memoria Histórica, rechazaba aceptar recursos de revisión de sentencias franquistas alegando que no había normas jurídicas nacidas al mundo del Derecho que se lo permitieran y, ahora que lo tienen, dijo, afirma que tampoco porque esa norma ha privado de vigencia jurídica aquellos fallos. “¡Basta ya de artimañas de leguleyos!“, se ha quejado.

“¿Qué queda a los familiares de las victimas del franquismo, qué queda a los familiares de los condenados y ejecutados a muerte o privados largamente de libertad durante muchos años, sometidos a toda clase de privaciones, humillaciones, torturas?”, se preguntó este ex fiscal jefe Anticorrupción, para quien “es obvio” que fueron “injustamente condenados”, pues lo fueron por un sistema que se levantó contra una democracia.

Jiménez Villarejo criticó también al PSOE por su incoherencia, al apoyar en proposiciones no de ley ideas o iniciativas que luego no ha llevado a la práctica, cuando el “tiempo corre”. “Basta con mirar lo que ha pasado en Portugal para que se den cuenta del tiempo que les queda”, advirtió, en referencia a la victoria de los conservadores en el país luso.

Publicat a Público dia 6 de juny de 2011, podeu accedir a l’article aquí.

La Reparación de las Víctimas del franquismo, Carlos Jiménez Villarejo

Ponencia de Carlos Jiménez Villarejo en el acto organizado por la Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica, el 25 de marzo de 2011.

 

“Hablamos de las famosas sentencias que
algunos querían declarar nulas” (R. Jáuregui)

 

Introducción

Las palabras de Jáuregui muestran claramente el miedo del actual Gobierno, de todos los Gobiernos democráticos, a afrontar decididamente una política pública de la memoria democrática que garantice plenamente los derechos de las víctimas de la dictadura. Las razones de ese miedo vienen de lejos, de la transición y de los primeros Gobiernos del PSOE. En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: “Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de veinte años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007 que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después.

Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados-que luego analizaremos- y dominados por una cultura privatizadora de la memoria. Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes.

El pasado 9 de Febrero, en CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: “¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista, de sus responsables y sus víctimas. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. No en vano, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles, como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las Administraciones públicas y los Tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.

 

 

Si no puedes visualizarlo correctamente puedes descargar el texto completo en el siguiente enlace.

“Un juicio al Tribunal Supremo” Carlos Jiménez Villarejo a El País, 23 de febrer de 2011

Se aproxima el juicio oral contra el juez Garzón y conviene recordar que el Gobierno español está pendiente de responder al requerimiento de la justicia argentina acerca de “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”. Evidentemente, la respuesta es la persecución penal del juez Garzón por el Tribunal Supremo (TS) bajo el impulso de los herederos del franquismo, precisamente por haber practicado, como estaba legalmente obligado a hacer, unas diligencias preliminares para esclarecer aquel plan y algunas de sus consecuencias, como las desapariciones forzadas y el secuestro de niños.

Este organismo ya ha errado al impedir investigar los crímenes de Franco y procesar en su lugar a Garzón

El TS deniega justicia y quebranta el derecho internacional

El TS debe saber que cuando inicie el juicio al juez Garzón, la conducta del propio TS también será sometida a juicio por los ciudadanos y la sociedad democrática. El pueblo le exigirá que obre con auténtica independencia -al margen de cualquier forma de jerarquización y corporativismo-, con imparcialidad -ya puesta en duda por uno de los jueces de propio Tribunal-, con buena fe, con fiabilidad y con acierto; porque todo ello está en duda desde que en abril de 2009 comenzó el proceso. Y de modo acorde con la Constitución y los valores democráticos, lo que en este caso representa, frente a lo que no han hecho hasta ahora, la rigurosa aplicación de los tratados internacionales respecto de los Crímenes contra la Humanidad.

El TS debe saber que estará bajo la mirada muda, doliente y desesperanzada de los familiares de las víctimas de la dictadura y de estas mismas. La mirada, entre otras, de los familiares de las 192.684 personas que, según las autoridades franquistas, murieron, la mayor parte de ellas fusiladas, en las cárceles entre 1939 y 1944; de los 1.717 fusilados en el Camp de la Bota de Barcelona entre 1939 y 1952, o de los 6.748 condenados por el Tribunal de Orden Público. Familiares y víctimas que contemplan, incrédulas, la total impunidad del pasado totalitario de España mientras desde otro país nos piden cuentas.

Y todos los ciudadanos que van a observar y valorar al TS durante el juicio al juez Garzón no olvidan que, objetivamente, el juez Varela y el TS han tomado posiciones, manifiestamente erróneas, para impedir la persecución del genocidio franquista y justificar así la persecución del juez Garzón.

Así lo acredita el reiterado rechazo a la perseguibilidad de dicho genocidio, consecuencia de la oposición por el TS a admitir los conceptos básicos que sustentan el Derecho Penal Internacional y justifican la persecución de dichos crímenes. Conceptos ya existentes en la Cláusula Martens de la Convención de La Haya de 1907 y que, tras la derrota del nazismo, estuvieron presentes en el Estatuto del Tribunal de Núremberg, en el Convenio de Roma de 1950 y en los Pactos de Nueva York de 1966, que obligan a su persecución si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.

La dictadura franquista, intentando aproximarse a la comunidad internacional, asumió algunos de estos Principios incumpliéndolos reiteradamente. El dictador, en 1952, ratificó los Convenios de Ginebra de 1948 sobre la protección de prisioneros y civiles durante los conflictos armados, nacionales e internacionales, que prohibían “las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados” (BOE de 26/8, 2/9 y 5/9 de 1952).

El juicio popular al TS tiene diversos fundamentos. Primero y principal, la decisión de admitir a trámite la querella de la organización ultraderechista Manos Limpias, que atribuía al juez Garzón la comisión de un delito de prevaricación, resolución que, según un organismo del Memorial Democratic de Catalunya, expresaba que aún pervivían en el TS “decisiones marcadas por un sesgo ideológico franquista” y “generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del alto tribunal”.

Y porque el TS ha quebrantado el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas, ha reforzado la impunidad de dichas conductas y ha incumplido el deber de todo tribunal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada a la gravedad de los delitos que se cometieron contra ellas y sus familiares.

El proceso penal contra el juez Garzón expresa, asimismo, la quiebra del principio de la independencia judicial y la criminalización de la libre interpretación de las leyes, además, de un preocupante posicionamiento del Poder Judicial dentro de la “lógica de los Estados”, “la lógica hobbesiana del poder”, frente a la “lógica de las víctimas”, abriendo una gran brecha en la confianza de los ciudadanos en los jueces que deberían tutelar y amparar sus derechos.

El transcurso del tiempo ha acrecentado la gravedad del problema que motivó las denuncias a finales de 2006. A finales de 2008, las cifras de desaparecidos ya llegaban a los 152.237. Y, según el informe más reciente de la Oficina para la Atención de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, del Ministerio de Justicia, actualmente existen 1.097 fosas pendientes de actuación.

Ante esta terrible realidad, las “Asociaciones (denunciantes) para la Recuperación de la Memoria Histórica no pretenden solo identificar a los abuelos asesinados por el franquismo y darles una sepultura digna. De paso, quiéranlo o no, están haciendo un juicio político al franquismo, a la transición y a la democracia que, sucesivamente, ocultó, se desinteresó o tardó en entender el alcance de la responsabilidad en una democracia” (Reyes Mate). Y es por ello que el proceso contra el juez Garzón debe ser analizado como un juicio político al TS, que emprendió la persecución del único juez que se ha atrevido a calificar como criminales a quienes inspiraron y ejecutaron el golpe militar de 1936 y la subsiguiente política de exterminio, así definida por ellos mismos.

En consecuencia, como dijeron tres magistrados de la Audiencia Nacional, “la investigación a la que tienen derecho las víctimas según el derecho internacional, ha sido clausurada”.

Ello se ha traducido en una constante denegación de justicia, y de vulneración por el TS de los derechos constitucionales de las víctimas a la jurisdicción, a un proceso debido y a la tutela judicial. No ha habido víctimas más maltratadas, más olvidadas, más “invisibilizadas”.

Así lo expresa el rechazo del TS a las pretensiones procesales de dichas asociaciones, rechazo que tiene su máxima expresión cuando les reprocha de forma ofensiva “un manifiesto abuso de derecho”, exigiéndoles que se “abstengan de perturbar la jurisdicción del Tribunal Supremo”. ¡Qué muestra de arrogancia, que contrasta con la magnanimidad y benevolencia que han mostrado hacia la representación de la extrema derecha en dicho proceso!

Ante esta dramática situación, esperamos, pese a todo, que la sentencia respecto del juez Garzón sea la constatación de que, como dijo el jurista Ferrajoli, es verdad que: “¡Hay jueces en Berlín!”, en el sentido de que “debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas y para tutelar los derechos de un individuo”, en este caso de dicho juez. Y que la sociedad pueda emitir al fin y al cabo un veredicto favorable al TS.

Carlos Jiménez Villarejo fue fiscal anticorrupción

Vegeu l’article publicat a El País.

Cap llei impedeix jutjar a Espanya els crims del franquisme, subratllen els juristes Slepoy i Jiménez Villarejo

Vídeo del col·loqui entre l’advocat argentí Carlos Slepoy, Premi Joan Alsina de Drets Humans, i l’exfiscal Carlos Jiménez Villarejo, sobre la Justícia internacional davant els crims del franquisme celebrat a Casa Amèrica Catalunya el 27 de gener de 2011.

L’advocat argentí Carlos Slepoy, un dels impulsors de la demanda davant un tribunal de Buenos Aires pels crims de la dictadura franquista, i Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal Anticorrupció, coincideixen a apuntar a l’acció de la justícia internacional com a via vàlida per possibilitar la investigació d’uns fets que van suposar la desaparició forçosa d’almenys 115.000 persones i el segrest d’uns 30.000 nens de mares partidàries de la República espanyola. Són les dades que recull la causa que va impulsar el jutge Baltasar Garzón, avui apartat del càrrec acusat de prevaricar per aquesta iniciativa paralitzada pel Tribunal Suprem espanyol. “El franquisme va cometre un genocidi. És un crim de lesa humanitat que no s’ha d’incloure en la Llei d’Amnistia de 1977, plantejada per als delictes d’intencionalitat política” ha puntualitzat Slepoy en el transcurs d’una xerrada amb Jiménez Villarejo sobre la justícia internacional i els crims del franquisme celebrada a Casa Amèrica Catalunya i moderada pel director general de l’entitat, Antoni Traveria.

Continua llegint al web de Casa Amèrica Catalunya

Clam en solidaritat amb Baltasar Garzón i per la investigació judicial dels crims del franquisme (via Casa Amèrica Catalunya)

Casa Amèrica Catalunya ha acollit un intens acte en solidaritat amb el jutge Baltasar Garzón, apartat del càrrec per presumpta prevaricació en iniciar una investigació sobre les desenes de milers de desaparicions forçades i segrestos de nens durant el règim franquista. Els exfiscals José María Mena i Carlos Jiménez Villarejo; la periodista Montse Armengou; el president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica a Catalunya, Manel Perona, i l’advocat argentí, Premi Joan Alsina de Drets Humans, Carlos Slepoy, han assistit a la presentació del llibre “La solidaritat amb el jutge Garzón” i han carregat contra els jutges del Tribunal Suprem i el seu tarannà decimonònic. “Són hereus d’un comportament que prové del franquisme i de la reacció ultraconservadora del segle XIX”, ha dit Mena. “Naturalment que el franquisme perviu entre nosaltres. Encara hi ha més de 100.000 víctimes pendents de justícia”, ha subratllat Jiménez Villarejo davant de la dona de Garzón, Rosario Molina, i del secretari general  d’Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, presents a l’atapeïda sala.

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