Palabras de Carmen Negrín, nieta del ex Presidente de la II República española. Presentación del libro de solidaridad con el Juez Garzón en París

París, 22 de enero 2011

España es una joven democracia.

Apenas han pasado 80 años desde que se inició el proceso de democratización con la segunda República, proceso que fue brutalmente interrumpido por una dictadura.

Esta joven democracia aún no tiene un jefe de Estado elegido por el pueblo y solo lleva 34 años con elecciones dignas de ese nombre.

Aparentemente, en ciertas áreas, la práctica de los nuevos derechos constitucionales, sigue en desarrollo y no todos han logrado adquirir reflejos democráticos.

Es más fácil destruir que reconstruir.

Solo así se puede explicar que todavía hoy en día, no se pueda abrir impunemente una investigación sobre los crímenes del franquismo como lo ha podido comprobar el juez Garzón, ni tampoco se pueda uno expresar libre y públicamente en contra de una decisión de los Tribunales sin arriesgarse a ser enjuiciado, como lo ha podido también comprobar el aquí presente, ex Fiscal Carlos Jiménez  Villarejo, quien, por fortuna, acabó ganando su caso este pasado jueves, tras meses de pesadillas.

En cualquier otro país democrático y en particular de Europa, pleitos así no hubieran sido posibles, simplemente porque los que denunciaron al Juez Garzón y a Carlos Jiménez Villarejo, la Falange y afiliados ideológicos, no tendrían una existencia legal, por ser partidos de carácter terrorista y excluyente, como lo han podido demostrar durante más de 40 años.

En España, se prohíbe Batasuna, pero no se prohíbe La Falange que perjudicó, en diferentes formas, a más de media España, es decir más de 10 millones de personas cuyo solo pecado fue el de ser republicanos. La Guerra de España fue especialmente cruel, pero la posguerra fue peor. Han dejado huellas y aun no se acaba el proceso de la transición, ni se cierran las llagas.

El caso del juez Garzón, que estamos hoy apoyando, es el mejor ejemplo de ello, para la gran vergüenza de España y para la gran tristeza de los descendientes de los exiliados, torturados, desaparecidos y asesinados.

Esperábamos otra respuesta por parte de los Tribunales a los cuales se sometió el caso de tan solo 113.000 desaparecidos de los 4 millones de represaliados con ficha, nombre y apellido; esperábamos ser escuchados al menos, una cierta humanidad. En vez de eso, acusaron al que pedía investigar.

Queríamos asegurarnos que España había cambiado, que las tentaciones neo-franquistas ya se habían alejado para siempre. Queríamos que el Estado mostrara más sensibilidad política, que se implicara en buscar a los desaparecidos, no que descargase de su obligación, dejando que asociaciones de voluntarios asuman las excavaciones en su lugar.

En vez de eso, todas las demandas fueron y siguen siendo  sistemáticamente “desestimadas” y suspendieron al Juez.

En el 36, los golpistas, con un cinismo característico, llamaron a los partidarios del gobierno legítimo “rebeldes” y los condenaron como tal; ahora los verdugos o sus descendientes, con el mismo cinismo, denuncian al único juez que se ha atrevido en más de 70 años a dar la palabra a las víctimas.

Extraño país donde se pueden escribir libros, hacer películas, organizar exposiciones sobre la Guerra, pero donde no se puede salir del ámbito cultural, donde no se puede entrar en el ámbito educativo y cuando se llega al plano político o legal, entonces las puertas se cierran.

¿Por qué las cierran? Dicen que por la supuestamente modélica Ley de Amnistía, pero en realidad, si pretenden respetar la letra, desde luego se han olvidado del espíritu de esa Ley cuyo objetivo era sacar a los presos políticos de las cárceles franquistas.

Se olvidan que hay convenios internacionales firmados por España que también deben de ser aplicados y que sobrepasan la Ley de Amnistía.

¡Cierran las puertas porque tienen miedo! Miedo que se abra la caja de

Pandora. Tienen miedo de remover el pasado, miedo que se reproduzca otro enfrentamiento, sin darse cuenta que cuanto antes se remueva el pasado, menos riesgos habrán de volver a un trágico desenlace como el que hubo y menos habrán de tener miedo.

Otros temen que se sepa lo que verdaderamente pasó. Parece que los viejos reflejos de la dictadura resurgen, apoyándose los unos a los otros para mantenerse y seguir con el mito de “fuerza y orden”, como para recuperar o mejor dicho conservar, pues nunca lo perdieron realmente, el poder indiviso, un poder que va a la par con la corrupción.

Por eso molesta el juez Garzón.

Además, si trascurre suficiente tiempo, no quedarán testigos, no quedarán querellantes.

¡Qué injusticia y que cinismo por parte de ciertos jueces cuya actitud es incompatible con un régimen democrático!

Pues en el fondo, no se trata de proteger la imagen de un Franco ya muerto y enterrado, enterrado además, en un Valle que es un monumental insulto a sus víctimas.

Se trata de entorpecer el avance de ciertos casos de corrupción como el caso Gürtel, una trama de corrupción político-económica, intrínseca al sistema heredado del periodo de la dictadura franquista e incompatible con la deontología de jueces como el juez Garzón.

Por eso, investigar los crímenes del franquismo sigue siendo tabú en España y por eso, por aberrante y anacrónico que parezca, obtener el derecho a la justicia para las víctimas del franquismo es actualmente inasequible. Por eso, para algunos es imprescindible apartar al juez Garzón.

Conviene precisar de quien estamos hablando. Estamos hablando de un juez que, en cumplimiento de sus funciones y con un alto concepto de la deontología, de la justicia y de los Derechos Humanos, logra la detención del dictador Pinochet, se enfrenta a los generales golpistas Argentinos, a Berlusconi, se opone a los EEUU por la guerra de Irak y la cárcel en Guantánamo. También acaba con el GRAPO y se enfrenta a ETA.

Estamos también hablando de nuestros bisabuelos, abuelos, padres y de nosotros mismos. Cuatro generaciones afectadas por un golpista dictador y sus secuaces.

Estamos hablando de 30 a 40.000 niños de republicanas robados, gracias a un sistema instaurado bajo el franquismo con la ayuda de la Iglesia católica, apostólica y Romana. En efecto, robaron los niños de muchas mujeres republicanas condenadas a la cárcel; en otros casos, esperaban que las condenadas a muerte dieran a luz para exterminarlas y en vez de entregar los recién nacidos a los familiares, los regalaban a gente del régimen en mal de niño, o los vendían, se hacía encubierto o directamente organizado por la Iglesia, pues ella mantenía los registros e inscribía a estos niños bajo falsas identidades. Este sistema de robo de niños evolucionó dando lugar a un fructuoso comercio que perduró hasta los años 90, afectando en su totalidad a más de 300.000 niños según investigaciones recientes. En tiempos del dictador, era la norma; después fue la excepción, siendo tan solo uno ejemplo de corrupción que perduró casi 15 años después de la instauración de la democracia y que nadie se atrevió a denunciar hasta muy recientemente.

Este ejemplo, constituye tan solo uno de los múltiples crímenes contra la humanidad que el juez Garzón pedía investigar y que dos influyentes grupúsculos de extrema derecha, la Falange y Manos Limpias, lograron impedir gracias al apoyo “objetivo” de varios jueces, llegando hasta la inculpación del Juez Garzón.

Nos topamos contra un muro. Seres humanos muertos, niños robados, 113.000 cuerpos buscados desaparecidos, echados en cunetas o en fosas, y todos los que no se buscan. Algunos dicen que ¿para qué remover el pasado? Nosotros decimos que para el futuro.

Quisieron impedir la justicia, quisieron deshacerse de Garzón, lo han logrado provisoriamente, pero solo provisoriamente.

Debemos y podemos actuar apoyando al Juez Garzón.

 

Carmen Negrín
Nieta de ex Presidente de la II República española
En el acto de presentación del libro de solidaridad con el Juez Garzón en París

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