“La revisión de la Ley 52/2007”. Exhumación de fosas, II Encuentro Marco jurídico y participación social

Ponència de Carlos Jiménez en les jornades “Exhumación de fosas, II Encuentro Marco jurídico y participación social”  que tingué lloc el 26 de novembre de 2010 a Saragossa.

Introducción

“El golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno constitucional de la Segunda República, representado en Cataluña por el Gobierno de la Generalidad, dio paso a una larga y cruenta guerra civil que, en ambas retaguardias, se tradujo en un estallido de violencia que costó la vida a decenas de miles de personas. Especialmente entre los meses de julio y diciembre de 1936, se generalizaron las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y las inhumaciones clandestinas”. Es uno de los posibles planteamientos globales de un problema central en la recuperación de la memoria democrática en España.

El reconocimiento de los desaparecidos no es en absoluto un fenómeno nuevo. Ya lo hicieron los golpistas, respecto de sus víctimas, desde el inicio de la sublevación. El 11 de Noviembre de 1936,  publican el Decreto nº 67, en que se reconoce oficialmente la existencia de “desaparición de personas”: Decía así: Consecuencia natural de toda guerra es la desaparición de personas, combatientes o no, victimas de bombardeos, incendios u otras causes con la lucha relacionadas, acaeciendo que, no obstante la certeza del óbito, la identificación de los cadáveres, ya por ser desconocidas las personas en el lugar en que su muerte ocurriera o por aparecer deformes o descompuestos, resulta labor imposible. Estas circunstancias, que motivaron últimamente el Decreto de 19 da mayo de 1923, demandan ahora con más intensidad la adopción de una medida análoga tendente a facilitar la Inscripción de ausencias, desapariciones o fallecimientos, con objeto de que las relaciones patrimoniales y familiares puedan normalizarse sin aquella demora que impondría la observación de preceptos notoriamente inadecuados en el presente caso. Disponiendo  “La inscripción del fallecimiento o la de desaparición de personas, ocurridas con motivo de la actual lucha nacional contra el marxismo, fueran o no aquellas combatientes, se verificará en el Registro civil del último domicilio, y si éste no constase en el de la naturaleza del individuo de que se trate, lográndose una u otra mediante un expediente que habrá de tramitarse ante el Juez de primera Instancia competente”. Posteriormente, se dicta la Orden de 1 de Mayo de 1940 (BOE 9/5/1940), firmada por Serrano Suñer) “sobre  exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”, término que en texto legal es sustituido por “horda roja”, labores que quedaron bajo el control de los Gobernadores Civiles que otorgaban los permisos correspondientes, ”para atender tan justas aspiraciones de los familiares de aquellos que gloriosamente cayeron por Dios y por España víctimas de la barbarie roja”.

La realidad de las personas desaparecidas, o mejor, detenidas y hechas desaparecer forzada o forzosamente es enorme y los datos aún no se conocen con exactitud. En el Auto de 16 de Octubre de 2008 del Juez Garzón (Sumario 53/2008, Juzgado Central de Instrucción nº 5) se cuantificaban en 114.266 personas, pero en el Auto posterior de 28 de Diciembre se situaban entre 136.062 y 152.237. Hace tiempo que la sociedad y, en particular, los familiares y descendientes de tantos miles de personas, ante tanto olvido institucional, comenzaron a reclamar y exigir justicia para esas víctimas planteando su localización, exhumación y dignificación. Porque, como se ha dicho recientemente, “el olvido es inadmisible, porque lo que se olvida es el sufrimiento acumulado”  que debe ser “rememorado” para  recuperar “la mirada de las víctimas”. Y las respuestas de los poderes públicos han sido, por lo general, tardías e insuficientes. Particularmente, la del poder judicial, con muy limitadas excepciones. Pero, pese a tantas dificultades y al camino que queda por recorrer, es evidente que se ha avanzado sobre todo en el proceso de dignificación de las fosas comunes donde permanecen los restos de tantas víctimas. No es en absoluto suficiente. Por ello, es urgente una reforma de la Ley 52/2007, de 26 de Diciembre, en cuanto el Gobierno (Art. 12.1) se limita a “facilitar… actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore”. Sin perjuicio de cumplir los compromisos  de elaborar “un protocolo de actuación científica y multidisciplinar”,el “mapa integrado” de fosas así como “convenios de colaboración” en relación a la localización e identificación de víctimas, dando cumplimiento a las previsiones de los artículos 12 a 14 de la ley.

Pero, en cualquier caso, el Gobierno estatal está obligado a asumir un papel mucho más activo y eficiente del que describe el Art. 11 de la Ley, como de estricta “colaboración” con los particulares. Como decía el ilustre penalista Gerardo Landrove, ”a la desaparición siguen la tortura y la impiadosa ejecución extrajudicial;  así, la “desaparición” mantiene en secreto la suerte de las víctimas y la identidad de los victimarios, encubriendo su ejecución, al tiempo que la ejecución perpetúa el estado de desaparición. Se pretende, en definitiva, que al no haber preso, ni cadáver, ni víctima nadie puede ser acusado de nada”. Ante esta realidad, que se practicó de forma planificada y continuada desde las más altas instancias de los sublevados en 1936, el Estado no puede permitir por más tiempo  que la recuperación de dichas víctimas quede en manos de los particulares. Ya no puede seguirse planteando la respuesta legal como la  satisfacción de una “muy  legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares”, como se dice en el Preámbulo de la Ley. La evidente naturaleza delictiva de los hechos determinantes de las desapariciones lo impide. Y lo reclamaba implícitamente el Consejo de Europa: “El Gobierno español debe beneficiarse del pleno apoyo de la comunidad internacional para localizar y abrir las fosas comunes, cuyo número se estima en varios centenares, donde fueron enterradas en los años 30 las víctimas de los escuadrones de la muerte franquistas”.

Podeu accedir aquí al text complet.

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