“Treinta y cinco años sin Franco” Julián Casanova a El País, 19 de novembre de 2010

A las diez de la mañana del 20 de noviembre de 1975, unas horas después de que se anunciara oficialmente su muerte, Carlos Arias Navarro leyó en público el testamento político de Francisco Franco, un “hijo fiel de la Iglesia” que solo había tenido por enemigos a “aquellos que lo fueron de España”.

El domingo 23, en el funeral de Estado, Marcelo González Martín, cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, recordó el deber de conservar “la civilización cristiana, a la que quiso servir Franco, y sin la cual la libertad es una quimera”. Esa misma tarde, una losa de granito de 1.500 kilos cubrió la fosa abierta para el caudillo en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, junto a la tumba de José Antonio Primo de Rivera. Bendecido por la Iglesia católica, sacralizado, rodeado de una aureola heroico-mesiánica que le equiparaba a los santos más grandes de la historia. Así murió Franco.

Su legado y el de la larga dictadura que presidió no es fácil resumirlo y es objeto de debate entre historiadores y de encontradas opiniones entre la ciudadanía.

Franco buscó y consiguió la aniquilación de sus enemigos que, si eran solo los de España, fueron en verdad muchos. Gobernó con el terror y la represión, pero también tuvo un importante apoyo social, muy activo por parte de las numerosas personas que se beneficiaron de su victoria en la Guerra Civil y más pasivo de quienes cayeron en la apatía por el miedo o de quienes le agradecieron la mejora del nivel de vida durante sus últimos 15 años en el poder.

Cuando murió, su dictadura se desmoronaba. La desbandada de los llamados reformistas o “aperturistas” en busca de una nueva identidad política era ya general. Muchos franquistas de siempre, poderosos o no, se convirtieron de la noche a la mañana en demócratas de toda la vida.

La mayoría de las encuestas realizadas en los últimos años de la dictadura mostraban un creciente apoyo a la democracia, aunque nada iba a ser fácil después de la dosis de autoritarismo que había impregnado la sociedad española durante tanto tiempo.

Tras una compleja Transición, sembrada de conflictos y de obstáculos, la democracia cambió el lugar de España en Europa, con su total integración en ella, uno de los sueños de las élites intelectuales españolas desde finales del siglo XIX.

El reto de los españoles del siglo XXI ya no consiste en crear una democracia plena con igualdad de derechos y libertades, caballo de batalla, a veces sangriento, de algunas de las generaciones que nos precedieron, sino en seguir cambiando para mejorarla y reforzar la sociedad civil y la participación ciudadana.

Treinta y cinco años después de la muerte del último dictador de nuestra historia, la sociedad española ha podido dejar atrás algunos de los problemas fundamentales que más le habían preocupado en el pasado. Pero desde su tumba, Franco parece mostrar todavía el camino a seguir en otros no menos importantes.

El Valle de los Caídos fue suyo en vida y continúa siéndolo tras su muerte, incapaces los Gobiernos democráticos de establecer una política coherente de gestión pública de esa historia. Las miradas libres a ese pasado traumático y la reparación política, jurídica y moral de las víctimas de la violencia franquista generan el rechazo y el bloqueo de poderosos grupos bien afincados en la judicatura, en la política y en los medios de comunicación.

Y la jerarquía de la Iglesia católica, que ha logrado preservar con creces en la democracia la privilegiada situación que el franquismo le donó, protege con uñas y dientes sus finanzas y sus derechos adquiridos en la educación y discute, con el apoyo enérgico del Vaticano, cada palmo de territorio que el Estado quiere conquistar en el orden moral. Treinta y cinco años sin Franco y no tenemos una ley de libertad religiosa adaptada a la actual sociedad democrática plural y culturalmente diversa.

Asentada la democracia, debemos recordar el pasado para aprender. Miles de familias están esperando que el Estado ponga los medios para recuperar a sus seres queridos, asesinados, escondidos debajo de la tierra, sin juicios ni pruebas, para que no quedara ni rastro de ellos. Es necesario dar a conocer la relación de víctimas de la violencia franquista durante la guerra y la posguerra, ofrecer la información sobre el lugar en el que fueron ejecutadas y las fosas en las que fueron enterradas.

Y frente a esas historias todavía por descubrir, no puede dejarse de lado, abandonar o destruir, la memoria de los vencedores. Sus lugares de memoria son la mejor prueba del peso real que la unión entre la religión y el patriotismo tuvo en la dictadura.

No es posible renunciar al objetivo de saber, a que coexistan memorias y tradiciones diferentes. Pero para eso, antes, hay que remover los obstáculos que impiden rescatar de las cunetas y de las fosas perdidas a las víctimas de tanta tortura y asesinato. Treinta y cinco años después de la muerte de su principal responsable.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Vegeu l’article a El País.

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