El Camp de la Bota: un espacio del genocidio, Carlos Jiménez Villarejo

Durante el pasado mes de Julio, la Plataforma contra la Impunitat, que se constituyó con el objetivo de denunciar la injustificable persecución penal del Juez Garzón, convocó en el actual espacio del Forum de Barcelona un  acto en memoria y reivindicación de los fusilados por la dictadura a escasos metros de ese espacio; en el Camp de la Bota, en lo que se llamaba el “parapeto”, allí donde los militares de un cuartel próximo hacían prácticas de tiro. Fue una muestra de memoria, reivindicación y afecto para quienes sufrieron tan brutal como continuadamente el terror de la dictadura. Mientras tanto, el Tribunal Supremo persigue penalmente, en uno de los procesos más injustos de la democracia, al Juez que trató de investigar los miles de casos de hombres y mujeres desaparecidos por haber sido fieles a la legalidad de la República y  conceder a sus descendientes el derecho a saber dónde se encuentran y a darles digna sepultura.

El acto de El Camp de la Bota y la defensa del juez Garzón guardan una profunda unidad. Son modos de defender a las víctimas de la dictadura, abandonadas por quienes debían ser sus protectores, los Jueces, y preservar, fortalecer y dignificar nuestra joven y frágil democracia, cuando ha quedado claro que somos el único país del mundo democrático que no sólo se niega a limpiar los crímenes de su propio pasado sino que tampoco es capaz de condenarlos.

Por todo ello, fue convocado dicho acto. Sabemos que la violencia fundacional y permanente del golpe militar de 1936 y de la dictadura fue aceptada sin más durante la transición controlada por los franquistas. Basta leer la obra de Martín Villa “Al servicio del Estado”.La consecuencia fue una amnistía que, además de conseguir la libertad de los presos políticos, fue interpretada y asumida como un perdón generalizado de todos los crímenes cometidos por militares, jueces, fiscales y policías al servicio de la dictadura. Como consecuencia de ello, el Estado español y sus Instituciones no han reconocido, como solicitó el Consejo de Europa, la totalidad de dichos crímenes, no han pedido perdón por ellos y ahora rechazan investigar las desapariciones forzadas de más de 100.000 personas.

La política de exterminio practicada por los golpistas y la dictadura franquista se aplicó especialmente por la denominada “justicia militar expeditiva”, los Consejos de Guerra, a través de procesos que solo pueden ser calificados como juicios radicalmente injustos y sus partícipes como asesinos. Una expresión de ellos fueron los que funcionaron más activamente en la Barcelona ocupada desde 1939 hasta 1953. Aplicaban las penas de muerte de forma mecánica y vengativa, llevando al fusilamiento, según los datos hoy disponibles, sólo en El Camp de la Bota, de 1.717 personas, asesinados  por ser republicanos de las mas variadas tendencias.

Fusilamientos practicados a pocos metros de aquel lugar, en madrugadas de intenso terror vividas por vecinos y familiares. Para reavivar su recuerdo, como homenaje y recuerdo simbólico de todas las víctimas y proclamar su incuestionable inocencia y dignidad se leyeron  los nombres de 400 de ellas. Algunos de sus hijos y familiares estaban emocionadamente presentes.

Los Consejos de Guerra responsables de tal genocidio fueron constituidos desde el 18 de Julio de 1936, con la participación de jueces y fiscales ordinarios; en modo alguno podían calificarse como Tribunales de Justicia. Eran, pura y simplemente, una parte sustancial del aparato represor implantado por los facciosos y posteriormente por la dictadura. Los militares miembros de dichos tribunales carecían radicalmente de cualquier atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fieles servidores de los jefes de que dependían y compartían plenamente los fines políticos y objetivos represivos de los sublevados. Basta la lectura de cualquier sentencia de las dictadas por esos Tribunales en las que destaca su absoluta falta de objetividad e imparcialidad. Y era incompatible su posible independencia con la disciplina castrense impuesta por los jefes. Procesos, todos ellos, incoados tras meses de detenciones policiales bajo tortura y en un régimen que negaba a los perseguidos todos, absolutamente todos los derechos sometiéndolos a un grado total de indefensión. Procesos en los que en muchos casos estaban presentes como Secretarios Judiciales  falangistas de renombre, una ilegalidad más qué importaba, que así participaban más eficazmente en la represión. Esa era, esa fue siempre la Justicia de Franco para los republicanos y demócratas.

Con independencia de que las responsabilidades penales,hoy, fueran o no exigibles, sí es exigible que el Estado, los Gobiernos y otras instituciones democráticas reconozcan que son herederos de un régimen totalitario que impuso el exterminio y el genocidio como forma de gobierno; es la condición para vivir en una democracia sólida y digna.

Esperamos que mas temprano que tarde, estén escritos todos los nombres en un lugar cercano a aquel para que queden  siempre presentes en la memoria  de toda la ciudadanía, contribuyendo a la conciencia permanente de nuestro pasado totalitario sin olvidar nunca a sus víctimas.

Carlos Jiménez Villarejo
Exfiscal anticorrupció i membre de la comissió d’experts per a l’investigació dels crims de la Guerra Civil i el franquisme

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