Articles de Miguel Ángel Rodríguez Arias a Nueva Tribuna

Miguel Ángel Rodríguez Arias és investigador de Dret Penal Internacional de la Universidad de Castilla-la Mancha (UCLM) i autor de les primeres investigacions jurídiques sobre els desapareguts del franquisme com a crims de lesa humanitat no prescrits des d’un punt de vista del dret internacional i del llibre El caso de los niños perdidos del franquismo. Ha publicat també tres estudis a la revista Jueces para la Democracia que demostren les violacions de drets humans actualment a l’Estat espanyol pel que fa a la jurisprudencia interrnacional ratificada per la nostra “sacrosanta” Constitució.

Recentment ha escrit tres articles a Nueva Tribuna sota el títol “España post genocidio” que expliquen des d’un punt de vista jurídic i crític l’incompliment sistemàtic dels drets humans bàsics i irregularitats que es comenten a causa d’una transició “immodèlica” i una democràcia lastrada pel feixisme.

España postgenocidio (I): No son “sentencias”, son crímenes de guerra

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.

Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exáctamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.

Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelias criminales del fascismo español como actos de “derecho”.

El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.

“España post genocidio (II): Sin noticias de Príamo – Héroes de la República insepultos en el Ebro”

Qué terrible la actuación de los ayudantes de la impunidad, aquellos dentro del PSOE siempre dispuestos a justificar, violación tras violación del derecho internacional – vergüenza tras vergüenza –, el trato inhumano a estas personas cuyos derechos se siguen negando de todas las formas posibles… la actuación de aquellos que ponen todos los paños calientes del mundo en nombre del PP que se avecina, de lealtades de partido mal entendidas, de la “responsabilidad de gobierno”, y no sé que más. Y eso que siempre creí que una de las primeras responsabilidades de gobierno, de cualquier gobierno, era justamente la de garantizar los derechos humanos tal y como vienen recogidos en el derecho internacional: tal y como dice el artículo 10.2 de la Constitución española o su artículo 96…ni más ni menos… cumplir nuestra Constitución debe ser también algo gravemente incompatible con la responsabilidad de gobernar, como lo del Convenio Europeo de Derechos Humanos…cosa de izquierdosos o de quienes quieren parecerlo…

¿Qué es lo que pasa en este país cuando se puede incumplir todo el derecho internacional perpetrando comportamientos verdaderamente infames desde nuestras propias instituciones, y el mero hecho de exigir la normal observancia de las leyes de humanidad – como la de no dejar a miles y miles de personas tirados como perros – resulte ser “guerracivilismo”, “ir de rojo”, o lo que se les ocurra?

¿Qué es lo que pasa cuando, ante el frío hecho de los cientos de cuerpos a la intemperie en el Ebro, el gobernante de turno del PSOE se puede ir públicamente de rositas con cualquier chascarrillo feliz como “sentirse absolutamente cercano a las víctimas”, o directamente mintiendo a la ciudadanía de forma descarada diciendo cosas como que la sentencia de Blas Infante ya no existe en virtud de la “ley de la memoria”?.

“España post genocidio (III): Derecho Zombie. Títulos nobiliarios y otros nombramientos franquistas que nuestro Estado Monárquico sí que reconoce”

Así que el problema de fondo va todavía más allá, en realidad, de que la España post genocidio se siga desentendiendo de todo el derecho internacional respecto de víctimas sepultas o insepultas: es que a lo que se sigue reconociendo valor jurídico es a todo lo que hizo dicho régimen criminal y ojalá que al decir esto estuviese olvidando algún sector jurídico, algo de lo “atado y bien atado” por el franquismo –grande o pequeño– que sí que fuese “anulado”, aunque mucho me temo que no es así y que el balance es absolutamente desolador…

Por eso y, siguiendo con la conocida metáfora, en el caso español más que en un “Derecho Gamberro” me parece más ajustado decir que tenemos una suerte de “Derecho Zombie”, muerto viviente, aplicado por una alta judicatura que como no fue removida y prejubilada en su día, por franquista y antidemocrática, tampoco le va a la zaga y claro, los años no pasan en balde… pero vamos, conste que a lo que yo me refiero es a una cosa artificiosamente no-muerta y putrefacta, pero de modo sosegado, en plan clásico de George A Romero, que no estilo “71 años después” más difícil de imaginar, corriendo por los pasillos de nuestro Tribunal Supremo, rabiosos y a lo loco…y sí, ya sé que esto son temas muy serios pero con tanta tropelía pónganse en mi lugar, me acojo a su indulgencia con la humorada. El hecho es que el problema sigue siendo que dentro de nuestro ordenamiento aún se continúa reconociendo una impropia validez jurídica –impropia de un verdadero Estado Democrático de Derecho– a actos, nombramientos, resoluciones de una banda criminal que se apoderó de las instituciones del Estado…que constituyen un auténtico corpus de tejido jurídico zombie y necrosado y que ya va siendo hora de extirpar mediante la cirugía de la nulidad y de un pleno Estado de Derecho que atienda plenamente a los derechos humanos.

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